Retrasan adjudicación de contrato para cartillas de pasaporte
Una licitación millonaria para adquirir tres millones de cartillas de pasaporte fue detenida por las autoridades del Instituto Guatemalteco de Migración (IGM).
El contrato, adjudicado inicialmente a Editorial del Sur, S.A. (Edisur) por más de Q105 millones, quedó sin efecto tras la resolución firmada el 12 de mayo por el subdirector general del IGM, Carlos Eduardo Woltke.
El argumento principal: la participación de un proveedor con antecedentes de fallas técnicas.
Según los registros oficiales, la empresa encargada de fabricar las libretas por encargo de Edisur sería In Continu Et Services, S.A. (también conocida como In Group), que en 2022 entregó productos con errores. El documento suscrito por Wortke especifica que estas cartillas presentaban defectos en el código de barras, ya sea por errores en la numeración secuencial o por problemas en la impresión, lo cual impedía su correcta lectura, ese se establece como uno de los argumentos para detener la adjudicación.
Aunque Edisur cumplió con los requisitos formales y presentó la oferta más baja frente a su competidor, Formularios Standard, S.A., las autoridades decidieron revisar el caso. La Junta de Licitación fue instruida a evaluar nuevamente el proceso.
De igual manera, este proceso de adquisición fue objeto de auditoria por parte de la Contraloría General de Cuentas. Un informe preliminar apuntó a la falta de claridad en la definición del precio de referencia y cuestionó la idoneidad de los integrantes de la Junta evaluadora.
Ante lo señalado por la Contraloría General de cuentas relacionada con la falta de claridad en la definición del precio de referencia, el Instituto Guatemalteco de Migración respondió que el cálculo del precio se hizo con base en compras anteriores, precio que se ajustaba a la oferta presentada.
En cuando al cuestionamiento por la falta de idoneidad se planteó como respuesta por parte del Instituto Guatemalteco de Migración que se había entregado a la contraloría un detalle de la experiencia y cumplimiento de todos los requisitos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado por parte de los integrantes de la junta de licitación.