¿Quién responderá por los daños al Patrimonio Cultural tras las protestas del magisterio?
La diputada Andrea Reyes presentó una querella penal contra el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG) y su secretario general, Joviel Acevedo, por presuntos daños al patrimonio cultural de la nación y contaminación ambiental durante las recientes protestas realizadas en la Plaza Central y los alrededores del Palacio Nacional de la Cultura.
En una entrevista concedida a La Red 106.1, la legisladora explicó los motivos que la llevaron a interponer esta denuncia, a pesar de que el Ministerio de Cultura y Deportes ya había iniciado acciones legales por su cuenta.
«Nosotros aportamos elementos nuevos porque el Ministerio de Cultura y Deportes ya ha presentado una denuncia que la tiene la Fiscalía para Protección del Patrimonio Cultural, pero nosotros también aportamos elementos nuevos de hechos que fueron surgiendo con el tiempo después de que el Ministerio presentó esta denuncia», señaló Reyes.
Entre los nuevos elementos que la diputada menciona se encuentra un informe reciente de la Municipalidad de Guatemala que documenta la recolección de ocho toneladas de basura como consecuencia de las manifestaciones.
«Existe un grave daño al patrimonio cultural, existe un grave daño a la salud y al ambiente sano de los guatemaltecos», afirmó la legisladora, señalando que se ha demostrado en diferentes ocasiones la contaminación que se produjo en el área.
La denuncia presentada por Reyes no solo se enfoca en los daños al Palacio Nacional, sino también en las posibles afectaciones a otras estructuras consideradas patrimonio cultural que se encuentran en la Plaza Central, como la Fuente de Luz.
«La Plaza Central queda a cargo de la Municipalidad de Guatemala, sin embargo, hay estructuras que están en la Plaza Central que son consideradas Patrimonio Cultural de la Nación», explicó la diputada, añadiendo que aún no se conoce con exactitud el estado en que se encuentran estos monumentos debido a que «todavía está sentado ahí el sindicato».
Cuando el entrevistador cuestionó cómo se podría demostrar la responsabilidad específica del sindicato en los daños y la contaminación, considerando que en la Plaza Central también hay vendedores y otros actores, la diputada respondió que esa labor corresponde al Ministerio Público.
«Eso es trabajo del Ministerio Público», afirmó, comparando la situación con un asalto en la calle: «A mí me asaltan en la calle y no conozco realmente quién es la persona que me asaltó y no por eso voy a dejar de denunciarlo».
Sin embargo, ante la insistencia del entrevistador sobre la necesidad de contar con pruebas concretas para sustentar acusaciones contra una dirigencia sindical, lo que podría tener implicaciones políticas, Reyes mencionó la existencia de sistemas de videovigilancia en la zona. «Alrededor del Palacio Nacional hay cámaras… los medios de prueba lo dirán, y yo creo que ahí se puede individualizar de forma más exacta la responsabilidad penal», señaló.
La diputada aclaró que la denuncia no se dirige exclusivamente contra el STEG y su dirigente, sino también «contra cualquier persona que resulte responsable».
Según explicó, «es sabido que alrededor de la plaza no hay solamente dirigentes sindicales», y mencionó que en videos donde se observan agresiones contra la prensa «no se entendía que no eran exactamente maestros los que se encontraban en esa situación».
«El Ministerio Público tiene que deducir responsabilidades, tiene que hacer una investigación profunda para poder dilucidar responsabilidad penal directa sobre las personas que rompieron ventanales, que rompieron la estructura del palacio, que contaminaron alrededor», explicó Reyes, sugiriendo que el Palacio Nacional debe contar con «metrajes enteros de circuitos cerrados» que podrían ayudar a identificar a los responsables.
La legisladora enfatizó que la denuncia busca establecer no solo la posible «autoría intelectual que puede tener Joviel Acevedo en todo esto», sino también «la responsabilidad compartida con las personas que estuvieron en ese momento ahí». Esta aclaración sugiere un enfoque amplio en la investigación, que podría extenderse más allá de la dirigencia sindical.
El Ministerio Público deberá ahora determinar si acumula esta nueva denuncia con la previamente presentada por el Ministerio de Cultura y Deportes, y proceder con la investigación correspondiente para establecer responsabilidades por los presuntos daños al patrimonio cultural y la contaminación ambiental denunciados.