¿Qué se esconde detrás del aumento de tráfico ilegal de migrantes en la frontera este de Guatemala?
La lucha contra el tráfico ilegal de personas en Guatemala continúa intensificándose en las zonas fronterizas del país. En un operativo reciente llevado a cabo en el departamento de Chiquimula, agentes de la División de Puertos, Aeropuertos y Puestos Fronterizos (DIPAFRONT) lograron la captura de un presunto «coyote» que transportaba a cinco migrantes ciudadanos cubanos que habían ingresado al país de manera irregular.
Coyote capturado por transporta migrantes
El incidente tuvo lugar en el Puesto de Control Interinstitucional (PCI) ubicado en el kilómetro 176.8 de la carretera, en la aldea Vado Hondo, Chiquimula, una zona conocida por ser punto estratégico en la ruta migratoria que conecta Centroamérica con México y, eventualmente, con Estados Unidos. Los agentes de la DIPAFRONT, durante un control rutinario, interceptaron un vehículo conducido por Carlos «N», un hombre de 34 años, quien transportaba a los cinco ciudadanos cubanos.
La imagen captada durante el operativo muestra el momento exacto en que dos agentes de la DIPAFRONT, perfectamente identificados con sus chalecos tácticos, escoltan al detenido hacia una patrulla oficial con la identificación «DPF-014». El sospechoso, esposado y con la cabeza agachada, viste una camiseta oscura y pantalones grises, mientras es firmemente sujetado por los agentes que lo flanquean.
Este tipo de operativos se ha intensificado en los últimos meses como parte de los esfuerzos del gobierno guatemalteco para combatir las redes de tráfico de personas que operan en el país. Guatemala, por su ubicación geográfica, se ha convertido en un territorio de tránsito obligado para miles de migrantes que buscan llegar a Estados Unidos, principalmente provenientes de Cuba, Haití, Venezuela y diversos países africanos y asiáticos.
La ruta que atraviesa Chiquimula es particularmente activa debido a su proximidad con la frontera hondureña, específicamente con el paso fronterizo de Agua Caliente, que conecta ambos países. Esta zona ha sido históricamente utilizada por redes de traficantes de personas que aprovechan la porosidad de las fronteras y la compleja geografía para facilitar el paso irregular de migrantes.
Según informes de las autoridades migratorias guatemaltecas, en lo que va del año se ha registrado un aumento significativo en la detección de personas que ingresan de manera irregular al país. Los ciudadanos cubanos, como los involucrados en este caso, representan uno de los grupos más numerosos, junto con venezolanos y haitianos, que buscan atravesar Centroamérica en su camino hacia el norte.
El modus operandi de los «coyotes» o traficantes de personas incluye el uso de vehículos particulares para transportar a pequeños grupos de migrantes entre diferentes puntos del país, evitando las principales carreteras y utilizando rutas secundarias para eludir los controles policiales. Sin embargo, la estrategia de establecer puestos de control interinstitucionales en puntos estratégicos ha demostrado ser efectiva para interceptar estos movimientos.
Tras la detención, los cinco ciudadanos cubanos recibieron el apoyo correspondiente por parte de las autoridades y fueron trasladados a las instalaciones del Instituto Guatemalteco de Migración en la frontera de Agua Caliente, Esquipulas, Chiquimula, donde se llevarán a cabo los trámites administrativos pertinentes. Este procedimiento generalmente incluye la verificación de identidad, entrevistas para determinar su situación migratoria y, dependiendo de cada caso, la posibilidad de solicitar refugio o ser retornados a su país de origen.
Por su parte, el presunto traficante, Carlos «N», enfrenta cargos por el delito de tráfico ilegal de personas, tipificado en la legislación guatemalteca con penas que pueden alcanzar hasta los 12 años de prisión, especialmente cuando se demuestra que la actividad se realiza con fines de lucro y pone en riesgo la vida o integridad de los migrantes.
La DIPAFRONT, unidad especializada de la Policía Nacional Civil de Guatemala, ha intensificado su presencia en zonas fronterizas como parte de una estrategia integral para combatir no solo el tráfico de personas, sino también otros delitos transnacionales como el contrabando de mercancías, el tráfico de drogas y el tráfico de armas. Esta división trabaja en coordinación con otras instituciones como el Instituto Guatemalteco de Migración, la Superintendencia de Administración Tributaria y entidades internacionales como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
El fenómeno migratorio que afecta a Guatemala como país de tránsito presenta desafíos complejos para las autoridades. Por un lado, existe la necesidad de controlar las fronteras y combatir las redes criminales que lucran con la desesperación de los migrantes; por otro, está el imperativo humanitario de garantizar un trato digno y respetuoso de los derechos humanos a quienes transitan por el territorio nacional en condiciones de vulnerabilidad.
Organizaciones de derechos humanos han señalado la importancia de que los operativos contra el tráfico de personas se realicen con estricto apego a los protocolos de protección a migrantes, evitando la criminalización de quienes huyen de situaciones de violencia, persecución política o extrema pobreza en sus países de origen.
El caso de los ciudadanos cubanos interceptados en Vado Hondo es apenas una muestra de un fenómeno mucho más amplio que afecta a toda la región centroamericana. Las autoridades guatemaltecas han reportado que solo en el primer semestre de 2025 se han detectado más de 15,000 personas en situación migratoria irregular, cifra que podría ser significativamente mayor considerando que muchos logran atravesar el país sin ser detectados.
Mientras tanto, las investigaciones continúan para determinar si Carlos «N» forma parte de una red más amplia de traficantes de personas o si actuaba de manera independiente. Las autoridades han intensificado los esfuerzos para desarticular estas organizaciones criminales que operan a lo largo de las fronteras guatemaltecas, reconociendo que el combate efectivo al tráfico de personas requiere un enfoque integral que incluya no solo medidas punitivas, sino también políticas de prevención y cooperación internacional.