¿Qué está pasando en Santa Rosalía Mármol? Autoridades buscan poner fin a enfrentamientos por hidroeléctrica
En respuesta al conflicto social en Santa Rosalía Mármol, Zacapa, generado por la empresa Hidroeléctrica Pasabién, la diputada Carolina Orellana, del partido VAMOS, ha presidido la cuarta reunión de la mesa técnica instalada para mediar en el caso.
Esta mesa técnica fue creada en agosto de 2025 tras un conflicto violento en julio, que dejó muertos y heridos, y busca resolver los problemas derivados del impacto social y ambiental de la hidroeléctrica operando en un área protegida desde 1990.
La diputada Orellana ha liderado estas mesas técnicas exigiendo claridad institucional sobre licencias, cumplimiento ambiental, y rendición de cuentas, ante tensiones sociales graves y denuncias de ilegalidad.
#LaRedInforma | Diputada Orellana exige transparencia y cooperación de autoridades para evitar más víctimas y daños por la operación de la hidroeléctrica Pasabién en Zacapa. pic.twitter.com/3Die8uXC0N
— La Red (@Lared1061) September 19, 2025
En la última reunión se estableció un plazo máximo para resolver el conflicto el 13 de octubre de 2025, con una reunión previa para revisar avances.
Se demandó también la participación activa de entidades como el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, el Ministerio de Energía y Minas, y el Consejo Nacional de Áreas Protegidas para asegurar la transparencia y cumplimiento de obligaciones por parte de la hidroeléctrica.
El conflicto tiene su origen en la operación de la hidroeléctrica desde 1993 en una zona protegida, con denuncias de incumplimientos en compromisos comunitarios como dotación de agua potable, y problemas legales y ambientales.
La situación escaló en julio de 2025 cuando una diligencia solicitada por la empresa, acompañada por fuerte presencia policial, resultó en la muerte de varios pobladores y un policía, lo que intensificó la crisis social.
La diputada ha solicitado acciones inmediatas y cooperación institucional para evitar más víctimas y daños, y ha reiterado la necesidad de que las autoridades actúen con prontitud y transparencia para garantizar un cierre negociado de la planta hidroeléctrica, como paso fundamental para la paz social en la comunidad.