¿Qué es lo que está sucediendo con el padrón electoral?
La magistrada presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Blanca Alfaro, informó que el Ministerio Público (MP) tiene en su poder la información del Padrón Electoral.
En una conferencia de prensa llevada a cabo este lunes, Alfaro aclaró que algunos de los equipos de cómputo que contienen la información del Padrón Electoral fueron entregados al MP, como parte de la investigación que se lleva a cabo sobre posibles irregularidades en la gestión del Padrón Electoral.
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Confiscación del Padrón Electoral
El 20 de junio, la agente fiscal Leonor Morales Lazo de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) realizó una solicitud al Tribunal Supremo Electoral (TSE) mediante una autorización emitida por el juez Séptimo Penal A, Fredy Orellana.
Esta autorización comprendía 12 requerimientos específicos, todos relacionados con la actualización del padrón electoral y su función en el proceso electoral.
Dentro de las autorizaciones, se incluía la posibilidad de auditar el sistema electoral en las instalaciones del TSE. Esta auditoría tenía como objetivo verificar si el padrón electoral entregado a las mesas receptoras de votos incluía a todas las personas empadronadas y determinar si existían duplicidades en la base de datos.
Aunque esta autorización no permitía al Ministerio Público (MP) tomar posesión del padrón electoral y sus algoritmos, el MP confiscó toda la información.
Actualmente, el MP tiene acceso total a las direcciones, números de teléfono y estado civil de todos los guatemaltecos empadronados desde su primer registro hasta la fecha.
Tradicionalmente, el MP necesitaba una orden judicial para acceder a las direcciones de personas buscadas para órdenes de captura. Ahora, el ente investigador tiene acceso completo a toda esta información sin necesidad de solicitar autorizaciones adicionales.
Según la información, los datos al poder del MP son de carácter confidencial, lo que pone en riesgo la información de 9 millones 356 mil 796 guatemaltecos empadronados.
Esta situación pone en peligro la seguridad y privacidad de los datos personales que anteriormente estaban bajo el resguardo exclusivo del TSE.