¿Qué es la Ley para la disposición de bienes inservibles del Ministerio de Salud Pública?
Este lunes 7 de octubre fue publicada en el Diario Oficial la nueva «Ley para la disposición de bienes muebles inservibles» del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), la cual habilita a los centros de salud, hospitales y demás dependencias de atención del país a gestionar la eliminación de chatarra y equipos obsoletos acumulados en sus instalaciones.
La normativa, que cuenta con nueve artículos, tiene como principal objetivo liberar espacios físicos en las dependencias del Ministerio, declarando como bienes inservibles aquellos muebles ferrosos y no ferrosos, equipos, y demás objetos en desuso, deteriorados o dañados, que ya no cumplen ninguna función y que estaban pendientes de ser dados de baja en el inventario institucional. Con la ley, se ordena la disposición final de estos bienes como material de desecho.
El Decreto establece que su aplicación será exclusiva para las dependencias y unidades ejecutoras del MSPAS en todo el territorio guatemalteco.
Además, se prioriza la transparencia en el proceso, autorizando la inmediata descarga de estos bienes en los registros de inventario y su venta al mejor postor en eventos públicos competitivos.
Entre los bienes considerados inservibles están aquellos que presenten un evidente deterioro, equipos peligrosos para la salud, tecnología obsoleta, y vehículos en mal estado.
En el caso de los vehículos, la ley exige coordinación con la Superintendencia de Administración Tributaria para cumplir con la normativa fiscal correspondiente y realizar su retiro definitivo.
La normativa también incluye un apartado de excepciones para garantizar que los equipos que aún están en uso, en buen estado o sin sustitución, no sean desechados.
Además, se prohíbe la eliminación de equipos con garantía vigente o aquellos que contengan materiales peligrosos para la población o el medio ambiente.
La Ley busca, además de la liberación de espacios, optimizar la gestión de inventarios en las instituciones de salud pública, un paso clave en la mejora del funcionamiento de estas dependencias.
Las autoridades superiores y unidades de auditoría interna de cada dependencia serán responsables de supervisar el cumplimiento de estas disposiciones.