Qué dicen los artículos constitucionales mencionados en veto a ley de Codedes
El Presidente Bernardo Arévalo vetó el Decreto 7-2025, Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, por considerar que viola varios artículos de la Constitución de Guatemala. La decisión, tomada en Consejo de Ministros, se basó en vicios de inconstitucionalidad que afectan principios fundamentales del Estado de Derecho y la gestión fiscal responsable.
El artículo 2 de la Constitución establece que el fin supremo del Estado es la realización del bien común, principio que el Ejecutivo considera vulnerado al permitir el arrastre automático de fondos no ejecutados sin mecanismos de control adecuados. Esta medida podría generar opacidad y debilitar la rendición de cuentas en el uso de recursos públicos, contraviniendo el deber del Estado de actuar con transparencia y eficiencia.
Los artículos 119 y 154 garantizan la autonomía municipal y el derecho a la participación ciudadana en la gestión pública, pero el Gobierno argumenta que el decreto podría concentrar decisiones sin el debido proceso de consulta ni supervisión. Además, el artículo 171 b) atribuye al Congreso la facultad de aprobar el Presupuesto General del Estado, lo que implica que solo este órgano puede autorizar el uso de fondos públicos, no mediante mecanismos automáticos.
El artículo 238, referido a la Ley Orgánica del Presupuesto, establece el principio de anualidad, que limita la vigencia de los recursos a un solo ejercicio fiscal. El decreto permitía transferir saldos no ejecutados del 2024 al 2025, lo que el Ejecutivo consideró una violación directa a este principio, que busca evitar la creación de fondos paralelos y garantizar un control presupuestario riguroso.
Aunque el Gobierno reconoció la necesidad de agilizar la ejecución de obras públicas, enfatizó que esto no debe hacerse a costa de comprometer la estabilidad fiscal ni los esfuerzos por fortalecer la transparencia. Arévalo anunció que se explorarán alternativas legales para apoyar el desarrollo local sin sacrificar los principios constitucionales ni el buen uso del dinero público.
El decreto regresó al Congreso, que podrá reconsiderarlo con las observaciones presentadas o insistir en su aprobación. El veto ha generado debate entre sectores municipales, que lo veían como una herramienta clave para continuar proyectos, y organismos técnicos, que respaldaron la decisión por razones de legalidad y transparencia.