Qué dice el Decreto 7-2025 vetado por el presidente Arévalo
El Presidente Bernardo Arévalo vetó el Decreto 7-2025, conocido como la Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural (Codedes), tras identificar vicios de inconstitucionalidad en su contenido. La decisión fue tomada en Consejo de Ministros y anunciada oficialmente el pasado viernes 3 de octubre de 2025, argumentando que el decreto aprobado por el Congreso viola los artículos 2, 119, 154, 171 b) y 238 de la Constitución Política de la República de Guatemala.
Dicho decreto permitía a los Codedes transferir automáticamente recursos no ejecutados del ejercicio fiscal 2024 a 2025 para continuar con proyectos de desarrollo interrumpidos, lo que el Ejecutivo consideró una violación al principio de anualidad presupuestaria. El Gobierno señaló que esta medida podría generar fondos públicos paralelos, debilitando la transparencia y el control del gasto estatal.
Aunque el Ejecutivo reconoció la necesidad de agilizar la ejecución de obras públicas, enfatizó que ello no debe hacerse a costa de comprometer la estabilidad fiscal ni los esfuerzos por garantizar un manejo ético y transparente de los recursos públicos. Se destacó la importancia de mantener presupuestos sólidos y ejecuciones que permitan recuperar la confianza en las instituciones del Estado.
Presidente Arévalo veta ley de Codedes y explica sus razones
El veto presidencial ha sido respaldado por organizaciones como la Cámara de Comercio de Guatemala (CCG) y el CACIF, que expresaron preocupación por los riesgos de corrupción y mala administración que podría generar la ley. Ambas entidades consideraron que el decreto abría espacios para prácticas poco transparentes en la gestión de fondos públicos.
El decreto vetado regresará al Congreso de la República, donde los diputados podrán decidir entre reconsiderarlo con modificaciones o rechazarlo definitivamente. El Gobierno se comprometió a trabajar con el Legislativo para encontrar alternativas que impulsen el desarrollo local sin vulnerar los principios constitucionales ni poner en riesgo la transparencia del gasto público.