¿Qué argumentos constitucionales fueron desestimados en el caso del pacto educativo secreto?
El Movimiento Cívico Nacional (MCN) expresó su inconformidad y frustración tras la resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC), que desestimó la acción presentada por esa organización en contra de la confidencialidad del pacto colectivo entre el Ministerio de Educación (Mineduc) y el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG).
Christa Walters, presidenta del MCN, explicó en una entrevista para La Red 106.1 que la acción de inconstitucionalidad se basaba en varios argumentos legales que, a juicio de la organización, fueron ignorados por el máximo tribunal constitucional del país.
“El acuerdo ministerial que impugnamos establecía una cláusula de confidencialidad en el borrador del pacto colectivo. Eso, para nosotros, es incompatible con la Constitución”, afirmó Walters.
Uno de los ejes centrales de la acción presentada por el MCN fue la violación al derecho de petición, un principio constitucional que garantiza que cualquier ciudadano puede solicitar información a las autoridades y recibir una respuesta.
“Si se mantiene confidencial el contenido de un pacto que involucra recursos públicos, ese derecho queda anulado”, señaló Walters.
El segundo argumento —que calificó como “el más importante”— se sustentaba en el artículo 30 de la Constitución, el cual establece que los actos administrativos deben ser públicos.
Walters fue clara: “Todos los guatemaltecos tenemos derecho a saber cómo se negocia nuestro dinero. Solo en casos excepcionales, como seguridad nacional o información personal sensible, se justifica la confidencialidad. Pero este no es el caso”.
El MCN también argumentó que los funcionarios públicos no pueden actuar fuera de lo que la ley les permite. En ese sentido, indicaron que aceptar la confidencialidad sin justificación vulnera el principio de legalidad que limita las funciones de los servidores públicos. “Un ministerio no puede declarar confidencial algo solo porque sí. Debe haber respaldo legal, y en este caso, no lo hay”, sostuvo la presidenta del movimiento.
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Finalmente, el MCN planteó que ningún acuerdo ministerial puede estar por encima de la Constitución, al referirse al principio de jerarquía normativa.
Walters cuestionó que la Corte no abordara de fondo este punto y criticó que la resolución final se basara en una “argumentación ambigua” que trataba el caso como si fuera hipotético. “No es un escenario hipotético, el acuerdo sí contempla la confidencialidad”, subrayó.
A criterio del MCN, la decisión de la Corte representa un precedente preocupante para la transparencia y el acceso a la información pública, especialmente en un sector clave como la educación. “Estamos hablando de recursos públicos y de decisiones que afectan directamente a los estudiantes, a los padres de familia y a toda la sociedad”, puntualizó Walters.
La organización insiste en que este tipo de resoluciones debilitan la fiscalización ciudadana y plantean serias dudas sobre el compromiso de las instituciones con la rendición de cuentas.