Esto debes saber sobre la Ley de Tarjetas de Crédito que entró en vigor el 1 de septiembre
Este domingo 1 de septiembre, Guatemala dio un paso significativo en la regulación del uso de tarjetas de crédito con la entrada en vigor de la nueva Ley de Tarjeta de Crédito, Decreto Número 2-2024.
En respuesta a la implementación de esta ley, la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco) ha creado la Unidad de Protección de Servicios Financieros para atender las necesidades de los usuarios de tarjetas de crédito.
Esta unidad se encargará de gestionar controversias y conflictos que puedan surgir, asegurando que las disputas sean manejadas de manera justa y eficiente.
El proceso de resolución de conflictos incluirá un procedimiento especial que se activará solo después de que el tarjetahabiente y el emisor hayan intentado una conciliación como primer recurso.
Además, la Junta Monetaria del Banco de Guatemala ha emitido la resolución JM-56-2024, que introduce el Reglamento de Tarjetas de Crédito.
#MinecoGt a través de @diaco_gt está preparado para la atención de denuncias y quejas que presenten los usuarios de tarjetas de crédito. #MinecoAvanza #GuatemalaSaleAdelante pic.twitter.com/XNIsNc55Fn
— Ministerio Economía (@MINECOGT) August 31, 2024
Este reglamento se enfoca en la supervisión de la capacidad de pago de los tarjetahabientes, la divulgación de información relevante, y el cumplimiento de estándares internacionales de seguridad en el uso de tarjetas de crédito. Tanto bancos como empresas especializadas en servicios financieros estarán obligados a cumplir con estas disposiciones.
Detalles de la nueva ley
La ley se estructura en seis capítulos y 63 artículos que abordan temas clave como el contrato entre el emisor y el tarjetahabiente, los límites de crédito, las tasas de interés, las comisiones, y los derechos y obligaciones de ambas partes.
Uno de los aspectos destacados es la obligación del emisor de confirmar la capacidad de pago del solicitante antes de otorgar una línea de crédito o modificar un límite existente.
El Capítulo III se dedica a los derechos y obligaciones de emisores, afiliados y tarjetahabientes, incluyendo la gestión de robos, hurtos o extravíos de tarjetas de crédito, y la importancia de la educación financiera.
La Diaco, la Superintendencia de Bancos (SIB), y el Ministerio de Educación (Mineduc) trabajarán en conjunto con los emisores para organizar anualmente una Feria de Educación Financiera, buscando reforzar el conocimiento de los usuarios sobre el uso responsable de tarjetas de crédito.
Supervisión y sanciones
La ley también establece que las entidades emisoras de tarjetas estarán bajo la supervisión de la Superintendencia de Bancos y la Unidad de Protección de Servicios Financieros de la Diaco, la cual podrá solicitar información específica a los emisores para garantizar la protección del usuario.
Un punto relevante en este apartado es la prohibición del acoso o hostigamiento en la cobranza de deudas, sancionando a quienes incurran en prácticas abusivas al gestionar cobros.
Finalmente, el Capítulo V introduce sanciones administrativas y penales para aquellos que cometan delitos relacionados con tarjetas de crédito, como la clonación, el uso ilegal, y la comercialización fraudulenta de tarjetas.