Proceso por muerte de Melisa Palacios entra en larga espera judicial
El juicio por la muerte de la estudiante universitaria Melisa Alejandra Palacios Chacón deberá esperar casi dos años más. Una resolución judicial dada a conocer este martes 27 de enero fijó para diciembre de 2027 el inicio del debate oral y público contra María Fernanda Bonilla Archila y José Luis Marroquín Ovalle, señalados en el caso que ha generado atención nacional desde 2021.
La programación del juicio marca uno de los procesos penales más prolongados de los últimos años, tras un extenso recorrido judicial que incluyó recusaciones, cambios en la tipificación del delito y el traslado del expediente, que inicialmente se conocía en un juzgado de Chiquimula.
Finalmente, el debate se desarrollará en la Torre de Tribunales, bajo jurisdicción de un juzgado de Mayor Riesgo.
El Ministerio Público confirmó que cuenta con un voluminoso cuerpo probatorio, integrado por más de dos centenares de medios de prueba que serán evacuados durante el juicio.
La investigación incluye peritajes forenses, toxicológicos y científicos que buscan reconstruir las circunstancias de la muerte de la joven, localizada sin vida en julio de 2021, un día después de haber sido reportada como desaparecida en San Jorge, Zacapa.
El 14 de diciembre de 2027, Fernanda Bonilla y José Luis Marroquín enfrentarán juicio, según lo programado por el Tribunal de Mayor Riesgo C, por el crimen de Melisa Palacios. pic.twitter.com/dq4CB8HDVZ
— Marilin Alvarez (@Jaaaz___) January 27, 2026
Entre las pruebas ofrecidas figuran expertos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, quienes expondrán las conclusiones médicas sobre la causa del fallecimiento, así como análisis de laboratorio relacionados con sustancias detectadas en el organismo de la víctima y estudios practicados a prendas e indicios recolectados en la escena.
El MP también anunció la comparecencia de decenas de testigos, incluidos familiares cercanos, personas del entorno social de Melisa Palacios y funcionarios que participaron en las primeras diligencias de investigación, como agentes de la Policía Nacional Civil y fiscales a cargo del caso.
A ello se suman informes técnicos sobre análisis de comunicaciones, cámaras de videovigilancia, redes sociales y registros de localización.
Uno de los ejes centrales del debate será la evidencia documental y digital, que incluye el análisis de dispositivos electrónicos, conversaciones y material audiovisual, así como pruebas físicas que serán presentadas directamente ante el tribunal.
La defensa de una de las acusadas ha cuestionado la admisión de parte de la prueba, argumentando posibles vulneraciones a derechos constitucionales, especialmente en lo relacionado con comunicaciones privadas. No obstante, el juzgado resolvió admitir la totalidad de los medios propuestos por la fiscalía.
Con la fecha ya establecida, el caso entra en una etapa de espera que vuelve a poner en el centro del debate la duración de los procesos penales complejos y la expectativa de justicia para la familia de Melisa Palacios, a más de seis años de los hechos.
