Presupuesto 2026 queda en suspenso tras amparo provisional de la CC
La Corte de Constitucionalidad (CC) otorgó un amparo provisional que deja en suspenso la entrada en vigencia del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2026, el cual estaba previsto para comenzar a regir el próximo 1 de enero.
La decisión fue adoptada este martes 30 de diciembre por el pleno de magistrados, tras conocer ocho acciones de amparo acumuladas que cuestionaban la legalidad del proceso mediante el cual el Congreso de la República aprobó el plan de gasto.
La resolución fue tomada por mayoría, con un voto razonado disidente del magistrado Roberto Molina Barreto.
De acuerdo con un comunicado oficial, la CC consideró que concurren los supuestos establecidos en el artículo 28 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, y que las circunstancias ameritan la adopción de una protección constitucional interina, debido a los vicios formales señalados por los accionantes, entre ellos los exdiputados Diego Sagastume Vidaurre y Fernando Linares Beltranena.
Como efecto inmediato del amparo provisional, queda suspendida temporalmente la aprobación del Decreto 27-2025, que contiene la Ley del Presupuesto General para 2026, así como todas las actuaciones posteriores realizadas por el Congreso relacionadas con dicha normativa.
Con esta medida, el Estado deberá continuar operando bajo el Presupuesto General del 2025, cuyo monto asciende a Q154 mil 836.6 millones, mientras la Corte analiza el fondo de las acciones constitucionales planteadas.
El presupuesto correspondiente a 2026 fue aprobado por el Congreso durante una sesión extraordinaria que se prolongó hasta la madrugada del 26 de noviembre, bajo la figura de urgencia nacional y con el respaldo de una amplia mayoría legislativa.
El monto autorizado alcanzaba aproximadamente Q163 mil 469 millones, lo que representaba un incremento significativo respecto al ejercicio fiscal anterior.
El Organismo Ejecutivo, encabezado por el presidente Bernardo Arévalo, defendió la aprobación del presupuesto al señalar que permitiría fortalecer la inversión pública, dinamizar proyectos de desarrollo y estimular el crecimiento económico del país.
No obstante, el procedimiento utilizado para su aprobación generó críticas de diversos sectores. Organizaciones empresariales y sociales cuestionaron la falta de transparencia y el limitado debate público, advirtiendo que el contexto político y la magnitud del gasto podrían abrir espacios para un manejo discrecional de los recursos públicos.
La resolución de la Corte marca un nuevo capítulo en el debate sobre el presupuesto nacional y añade incertidumbre al panorama fiscal de cara al inicio del próximo año, a la espera de un pronunciamiento definitivo sobre la constitucionalidad del proceso legislativo.
