¿Por qué se celebra el Día del Abogado en Guatemala?
Cada 24 de septiembre, Guatemala dedica una jornada a reconocer la labor de los profesionales del derecho, celebrando el Día del Abogado en una fecha que fusiona el reconocimiento cívico con una arraigada tradición religiosa.
Esta conmemoración tiene como objetivo principal dignificar y visibilizar el papel crucial que desempeñan los juristas en la defensa de los derechos, la interpretación de las leyes y el fortalecimiento del estado de derecho en el país.
El origen formal de esta efeméride se remonta a 1964, durante el gobierno de Enrique Peralta Azurdia. A través de un Acuerdo Gubernativo emitido el 23 de septiembre de ese año y publicado oficialmente el 2 de octubre, se estableció el 24 de septiembre como día de asueto con goce de salario para todos los abogados que prestan sus servicios en las distintas dependencias y oficinas públicas de la nación.
Esta disposición legal formalizó la jornada como una fecha de descanso y homenaje para el gremio que labora en el sector estatal.
Más allá del decreto gubernamental, la elección de la fecha está intrínsecamente ligada a una celebración religiosa. El 24 de septiembre coincide con la festividad de Nuestra Señora de la Merced, quien es considerada la patrona de los abogados en Guatemala.
Este patronazgo es reconocido por instituciones como el Congreso de la República y está contemplado en los estatutos del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), que históricamente ha incluido la celebración de una misa en honor a la virgen como parte de las conmemoraciones de este día.
Por lo tanto, la celebración del Día del Abogado en Guatemala es un evento multifacético. No solo representa una pausa en las labores para honrar a quienes se dedican a la ciencia jurídica, sino que también refleja la confluencia de la historia política y la fe religiosa en la construcción de las tradiciones cívicas del país.
Es una jornada para reflexionar sobre la importancia de una profesión que, más allá de la memorización de códigos, se encarga de interpretar el derecho para hacer valer la voluntad y proteger las garantías de los ciudadanos dentro del marco de la ley.