¿Por qué los alcaldes podrían ser la clave para frenar la inseguridad en Guatemala?
La estrategia de seguridad ciudadana en Guatemala presenta un vacío significativo en la coordinación con los gobiernos locales, según advierte el experto en seguridad Arkel Benítez.
Durante una entrevista reciente, el especialista señaló que la ausencia de una alianza efectiva con las municipalidades representa una oportunidad perdida para mejorar la seguridad a nivel comunitario.
«No se ha hecho, al día de hoy, una estrategia de seguridad ciudadana con los alcaldes. Los 340 alcaldes son cruciales en la búsqueda de una mejor seguridad comunitaria en las comunidades, específicamente, y esto ha sido abandonado», afirmó Benítez, quien anteriormente ocupó un cargo en el Ministerio de Gobernación.
El experto recordó que en el pasado existieron iniciativas más robustas para fortalecer esta colaboración estratégica.
«En algún momento hubo una política mucho más robusta para mejorar esa alianza estratégica con las municipalidades, en donde los alcaldes han participado activamente a través del sistema de consejos de desarrollo, creando comisiones de prevención, creando espacios de diálogo, de análisis de la información policial», explicó.
Benítez destacó que el abandono de esta coordinación con los gobiernos locales ha generado consecuencias preocupantes.
«Cuando se abandonan a los alcaldes, empiezan a armarse porque tienen necesidad de combatir el crimen», advirtió, señalando que algunos municipios guatemaltecos están prácticamente dominados por el narcotráfico, lo que agrava la situación de inseguridad.
El especialista estableció un paralelo con la situación en el estado mexicano de Chiapas, donde las autoridades locales se han visto obligadas a crear fuerzas de seguridad propias para enfrentar al crimen organizado.
«El caso más patético y radical, por ejemplo, que estuvo hace unos días en boga, es lo que le pasó al pobre gobernador de Chiapas, porque le toca crear policías que prácticamente son policías ejércitos para combatir el narcotráfico», señaló.
Según Benítez, durante su gestión en el Ministerio de Gobernación se fundó el Viceministerio de Prevención y se creó una Política Nacional de Prevención que contemplaba precisamente esta articulación c.
«La esencia de esta política era precisamente la multiarticulación con todos los sectores, era una política de intervención diferenciada», explicó.
Esta política, que según el experto sigue vigente aunque no se aplica, establecía diferentes niveles de intervención según la gravedad de la situación en cada localidad.
«A mayor intensidad, gravosidad y criticidad de zonas rojas en departamentos o municipios, la intervención era articulada entre incluso policía y ejército. A menor intensidad, como por ejemplo municipios pacíficos como Salcajá y algunos otros, en donde no se hacía necesaria una presencia tan radical y dura del ala fuerte del Estado o de las fuerzas de seguridad, ahí se establecía todo un sistema de protección social y de política social», detalló.
El experto subrayó que la participación ciudadana es un componente esencial en cualquier estrategia de seguridad efectiva.
«El mejor aliado siempre de la seguridad ciudadana va a ser el propio ciudadano, que es el interesado en vivir con tranquilidad y vivir en paz. Pero si la policía no abre ese canal de comunicación, es difícil», afirmó.
Benítez también destacó la importancia de abordar factores culturales que contribuyen a la violencia, especialmente aquellos relacionados con el narcotráfico.
«Contrarrestar la cultura violenta es importante, especialmente aquella que deriva del narcotráfico, en donde la opulencia y la ostentación prácticamente se establecen como patrones de éxito en sociedades donde los jóvenes tienen un nivel aspiracional importante y que no encuentran oportunidades de desarrollo y ven en el crimen la posibilidad de crecer rápidamente de forma económica», explicó.
El especialista concluyó que una estrategia integral de seguridad debe incluir no solo el fortalecimiento de las fuerzas policiales, sino también un enfoque preventivo que involucre activamente a los gobiernos locales y a las comunidades, así como políticas sociales que ofrezcan alternativas de desarrollo para los jóvenes.