¿Por qué la UE renovó sanciones a Consuelo Porras, Fredy Orellana, Rafael Curruchiche?
La Unión Europea (UE) anunció este lunes 16 de diciembre que renovó las sanciones contra la Fiscal General del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, y otros cuatro altos funcionarios del sistema judicial guatemalteco.
Las sanciones estarán vigentes hasta el 13 de enero de 2026 y fueron impuestas por acciones que, según el organismo, «socavan la democracia en Guatemala».
Además de Porras, los sancionados incluyen a:
- Ángel Pineda, Secretario General del Ministerio Público.
- Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI).
- Leonor Morales, fiscal del MP.
- Fredy Orellana, juez del sistema judicial.
- Restricciones aplicadas
Guatemala 🇬🇹: @EUCouncil renews 🇪🇺 restrictive measure for actions that undermine democracy, the rule of law and the peaceful transfer of power in the country for another year, until 13 January 2026.
Read the press release 👇#FAC
— EU Council Press (@EUCouncilPress) December 16, 2024
El bloque europeo reafirmó que las personas incluidas en la lista tienen prohibido el ingreso a los países de la Unión Europea y sus activos serán congelados en caso de encontrarse en territorio europeo.
El Consejo de la UE, en una nota oficial, recordó que ha expresado en múltiples ocasiones su preocupación por el «uso indebido y la instrumentalización del sistema de justicia en Guatemala».
En particular, el organismo señaló los «esfuerzos para anular los resultados de las elecciones de 2023 y los ataques contra el gobierno democráticamente elegido».
Postura de la UE
La Unión Europea enfatizó que «permanece atenta a cualquier acción que amenace la gobernanza democrática o erosione el Estado de derecho en Guatemala».
Al mismo tiempo, expresó su disposición a trabajar con el presidente Bernardo Arévalo en temas de interés mutuo.
Tensiones entre el Ejecutivo y el MP
Las sanciones ocurren en un contexto de tensión entre el Ejecutivo y el Ministerio Público.
En noviembre 2024, el MP acusó al presidente Arévalo de vulnerar su autonomía al instruir a la Policía Nacional Civil (PNC) para que no ejecutara órdenes emitidas por la institución.
Arévalo, por su parte, defendió su decisión argumentando que no permitirá que se ejecuten órdenes «ilegales» de un MP «criminalizador y arbitrario», aunque no especificó el mecanismo para evaluar la legalidad de las resoluciones.
Acusaciones previas
El Departamento de Estado de Estados Unidos ya había sancionado a Consuelo Porras en mayo de 2022, acusándola de participar en «hechos significativos de corrupción».
Según el gobierno estadounidense, Porras obstaculizó investigaciones anticorrupción con el fin de «proteger a aliados políticos y obtener favores».
Contexto político
Las sanciones contra los cinco funcionarios reafirman la postura de la UE respecto a la situación política y judicial en Guatemala, en la que se han señalado acciones que afectan la transferencia pacífica del poder y el fortalecimiento del Estado de derecho.
La comunidad internacional, particularmente la UE, ha mantenido una posición crítica respecto a los acontecimientos ocurridos tras las elecciones generales de 2023.