¿Por qué el gobierno se niega a prorrogar el reglamento que obligará a todos los guatemaltecos a separar su basura?
Desde febrero de 2025, separar la basura ya no es solo una recomendación, sino una obligación legal en Guatemala. Así lo confirmó en su momento la ministra de Ambiente y Recursos Naturales, Patricia Orantes, durante su participación en “La Ronda”, la conferencia de prensa semanal del gobierno.
La medida marca un antes y un después en la forma en que el país enfrenta una crisis silenciosa: la de la contaminación por desechos sólidos.
Con el respaldo del Ministerio de Salud, el Ministerio de Ambiente decidió no otorgar más prórrogas a la entrada en vigor del artículo 12 del Reglamento de Residuos y Desechos Sólidos (Acuerdo Gubernativo 164-2021), que establece la clasificación obligatoria de los residuos en tres categorías: orgánicos, reciclables y no reciclables.
Tras años de haber permanecido como una norma desconocida, la actual administración la puso en marcha como parte de una transformación ambiental profunda.
“Es indispensable que el país comience a avanzar en la dirección correcta”, dijo entonces la ministra Orantes, al anunciar que la medida no se pospondría más. La decisión llegó luego del vencimiento del plazo de 18 meses que había otorgado el gobierno anterior para que las municipalidades adecuaran sus capacidades.
Desde entonces, el reto se trasladó a toda la población: ciudadanos, empresas e instituciones han tenido que adaptarse a esta nueva forma de gestión de residuos.
Las cifras que acompañan esta política son contundentes. Según el MARN, cada año en Guatemala se generan más de tres millones de toneladas de basura, y el 90% no recibe un manejo adecuado. Gran parte de estos desechos termina en calles, barrancos, ríos y lagos, o bien se quema, generando contaminación del aire y afectando la salud pública.
“Separar no es solo un gesto ambiental, es un acto de conciencia”, expresó Orantes. Clasificar los residuos, insistió, facilita la recuperación de materiales valiosos, reduce la presión sobre los vertederos —muchos de ellos colapsados o improvisados a la orilla de ríos— y promueve una economía circular con potencial de generar empleos y nuevas oportunidades económicas.
La ministra también señaló las debilidades estructurales del país: la mayoría de guatemaltecos no cuenta con un servicio regular de recolección de basura, y muchas municipalidades carecen de vertederos adecuados. Aun así, fue enfática en que era momento de asumir responsabilidades. “El Estado no puede seguir desentendiéndose. El manejo de la basura ya no puede ser un tema invisible”.
La puesta en marcha del artículo 12 no solo representa un cambio normativo, sino un cambio cultural.
Desde el MARN se ha insistido en que el éxito de esta política depende de una responsabilidad compartida: las autoridades deben fortalecer los servicios básicos, las empresas adoptar prácticas sostenibles, y la ciudadanía participar activamente desde sus hogares.
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Este proceso, que Orantes calificó como un “movimiento de país”, ya ha empezado a mostrar señales de transformación: más comunidades han iniciado jornadas de reciclaje y limpieza, varias municipalidades invierten en infraestructura, y empresas privadas comienzan a ver oportunidades en el manejo responsable de residuos. Incluso el trabajo de los recicladores —históricamente invisibilizado— empieza a recibir el reconocimiento que merece.
Aunque la clasificación de residuos no resolverá por sí sola todos los problemas ambientales del país, para el gobierno representa una puerta de entrada a un modelo de desarrollo más limpio, inclusivo y sostenible. «Porque ya no queremos ver a nuestro hermoso país cubierto de basura», dijo Orantes. «Porque el pueblo digno merece una Guatemala limpia».