Parlamento Europeo condena intento de golpe de Estado y los continuos esfuerzos del MP de invalidar las Elecciones 2023
El Parlamento Europeo (PE) publicó el 13 de diciembre una resolución sobre la crisis política que afecta a Guatemala.
El grupo de países publicó la resolución de lo que era una propuesta sobre el intento de golpe de estado que se estaría dando en Guatemala.
— Thomas Peyker (@TPeyker) December 14, 2023
Entre las consideraciones del PE está la proclamación de Bernardo Arévalo y Karin Herrera como el binomio ganador de las Elecciones 2023 del pasado 28 de agosto.
Además, de que los «ataques» contra el Movimiento Semilla y sus miembros comenzaron el 2 de noviembre, en donde el Tribunal Supremo Electoral (TSE) anunció la suspensión de la figura legal del partido. También que el Ministerio Público anunció anular las Elecciones 2023.
Entre los temas a consideración está la oficialización de ganadores de los Comicios 2023.
El inciso K considera que el Parlamento, la Unión y otros socios internacionales han denunciado el rechazo de candidaturas, los intentos en curso de invalidar el resultado de las elecciones, las acciones continuas para criminalizar a operadores de justicia independientes y la instrumentalización de las instituciones judiciales y fiscales.
Además, en el inciso P consideran que el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica, aún pendiente de entrar en vigor, incluye el «respeto a los principios democráticos y los derechos humanos fundamentales» como «elemento esencial».
La PE Condena, rechaza, apoya, pide, destaca, recuerda, exhorta, expresa, y encarga a las autoridades guatemaltecas lo siguiente:
- Condena el intento de golpe de Estado y los continuos esfuerzos del Ministerio Público por invalidar los resultados de las elecciones generales y presidenciales en Guatemala sobre la base de acusaciones infundadas de fraude, y pide que se ponga fin de inmediato a estas acciones;
- Rechaza todas las acciones por motivos políticos de algunas autoridades que conculcan manifiestamente la Constitución guatemalteca, el Estado de Derecho, la integridad del proceso electoral y los principios más fundamentales de la democracia, incluido el principio fundamental de la separación de poderes;
- Apoya al presidente electo, Bernardo Arévalo, y pide una transición ordenada que conduzca a su investidura como 52.º presidente de Guatemala el 14 de enero de 2024;
- Pide a las autoridades competentes, en particular a la Corte de Constitucionalidad, la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Supremo Electoral, el Congreso y el presidente Alejandro Giammattei, que tomen medidas para preservar el orden constitucional y el Estado de Derecho, que rechacen los intentos inaceptables de invalidar los resultados electorales, que garanticen el respeto de la voluntad expresada por los ciudadanos guatemaltecos con sus votos y que velen por el respeto de sus derechos civiles y políticos, su integridad y su seguridad, incluido el derecho de los cargos electos a asumir debidamente sus funciones, de conformidad con las normas internacionales y las leyes guatemaltecas;
- Destaca la importancia de exigir responsabilidades a quienes obstaculizan la democracia; pide al Consejo, a este respecto, que adopte inmediatamente medidas restrictivas específicas, incluidas la inmovilización de activos y la prohibición de viajar, contra la fiscal general María Consuelo Porras Argueta, el jefe de la FECI José Rafael Curruchiche Cacul, el juez Fredy Raúl Orellana Letona, la fiscal de la FECI Leonor Eugenia Morales Lazo y el secretario general del Ministerio Público Ángel Arnoldo Pineda Ávila, entre otros, que están socavando el proceso electoral de 2023 en Guatemala e instrumentalizan sistemáticamente el poder judicial para debilitar el Estado de Derecho y criminalizar a figuras de la oposición;
- Recuerda que el respeto de la independencia del poder judicial, del pluralismo político y de la libertad de expresión de todo el pueblo guatemalteco son derechos fundamentales y pilares básicos de la democracia y el Estado de Derecho; expresa su profunda preocupación ante el continuo deterioro del Estado de Derecho en Guatemala;
- Expresa su preocupación por la detención arbitraria de fiscales, jueces, antiguos funcionarios de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y periodistas independientes, entre otros José Rubén Zamora; pide la liberación inmediata e incondicional de todas las personas detenidas arbitrariamente, así como la desestimación de todas las acusaciones penales infundadas contra ellas; pide a las autoridades guatemaltecas, en particular al Ministerio Público, que se abstengan de todo intento de obstaculizar la labor de los defensores de los derechos humanos, los operadores de justicia y los periodistas que han investigado y puesto de manifiesto la corrupción, las violaciones de los derechos humanos y el abuso de poder;
- Pide al Servicio Europeo de Acción Exterior, a los Estados miembros y a la Delegación de la Unión que sigan supervisando la situación en Guatemala, en particular las decisiones del Ministerio Público, la Corte de Constitucionalidad y la Corte Suprema, hasta que haya garantías claras y serias de que se respeta la voluntad de los votantes expresada en las elecciones generales del 25 de junio de 2023 y en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 20 de agosto de 2023; expresa su apoyo a los trabajos en curso de la Misión Especial de la OEA para ayudar con la transición presidencial, de conformidad con el mandato del Consejo Permanente de la OEA;
- Exhorta a las autoridades guatemaltecas competentes a que apliquen las recomendaciones de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, en particular las que abordan las deficiencias constatadas en el Estado de Derecho, la separación de poderes y la promoción de los derechos humanos y políticos;
- Encarga a su presidenta que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros, a la OEA, a las Naciones Unidas, a las autoridades de Guatemala y al Parlacen.