OEA cierra visita en Guatemala y pide transparencia en elecciones de 2026
La Misión Especial de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para el Fortalecimiento de la Institucionalidad Democrática en Guatemala finalizó este 14 de noviembre su primera visita oficial al país, desarrollada del 9 al 15 de noviembre de 2025.
Durante una semana, el equipo sostuvo reuniones con autoridades de los tres poderes del Estado, la Corte de Constitucionalidad, la Universidad de San Carlos, universidades privadas, sectores académicos, organizaciones de mujeres, sociedad civil, pueblos indígenas, medios de comunicación, sector privado y comunidad internacional.
En todos estos encuentros, la Misión destacó la trascendencia de los procesos de elección de autoridades de segundo grado que se realizarán en 2026 —Tribunal Supremo Electoral (TSE), Corte de Constitucionalidad (CC), Ministerio Público (MP) y Contraloría General de Cuentas (CGC)— por su impacto en la independencia judicial, la democracia, la lucha contra la corrupción y la confianza ciudadana.
Llamado a cumplir plazos y garantizar renovaciones institucionales
La OEA instó a todas las entidades responsables, incluyendo el Congreso, la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad, las comisiones de postulación, el Colegio de Abogados y Notarios (CANG) y las universidades, a respetar estrictamente los plazos establecidos en la Constitución y la ley para evitar retrasos que afecten la continuidad del orden constitucional.
Asimismo, exhortó a que la selección de candidatos se haga bajo criterios de idoneidad, independencia e integridad, de manera que los procesos permitan elegir a autoridades con méritos comprobados, trayectoria ética y compromiso con el interés público.
Papel clave de la USAC y preocupación por su situación interna
La Misión enfatizó la importancia de la Universidad de San Carlos (USAC) como único centro de educación superior público del país y actor determinante en varias comisiones de postulación. Señaló las preocupaciones expresadas por distintos sectores sobre la situación del Consejo Superior Universitario, el vencimiento de varios mandatos y el clima interno en relación con la libertad académica y la participación estudiantil.
La OEA subrayó que, frente a los procesos de 2026, es esencial que la USAC regularice y renueve su máximo órgano de gobierno conforme a la Constitución, la ley y las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad, para que su participación en las designaciones tenga plena legitimidad.
EN IMAGÉNES | Este es el equipo que EE. UU. donó a Guatemala para frenar al crimen
Transparencia, participación y protección frente a amenazas
El organismo internacional reiteró que todas las etapas de los procesos deben ser públicas, transparentes y verificables, con mecanismos rigurosos como la tabla de gradación que evalúen la idoneidad y honorabilidad de los aspirantes.
También remarcó la necesidad de una amplia participación de la sociedad civil, pueblos indígenas, organizaciones de mujeres, periodistas y el sector académico en la labor de veeduría.
Uno de los principales mensajes de alerta de la Misión fue el temor expresado por posibles candidatos, académicos, abogados y otros actores a ser víctimas de criminalización, difamación, acoso judicial o ataques en redes sociales, lo que podría inhibir la postulación de perfiles idóneos.
Ante ello, llamó al Estado —en particular al Ministerio Público— a evitar el uso indebido del derecho penal y a la Procuraduría de Derechos Humanos a garantizar la protección de quienes participan en estos procesos.
Acompañamiento continuará en 2026
La Misión agradeció la apertura de las instituciones y organizaciones que participaron en los encuentros y anunció que continuará su acompañamiento en los procesos de elección del próximo año. Además, confirmó que realizará una nueva visita a Guatemala en febrero de 2026 y formulará recomendaciones basadas en estándares interamericanos.
Finalmente, reiteró su respeto por la soberanía del Estado de Guatemala y su compromiso de apoyar los esfuerzos nacionales para fortalecer la democracia, la justicia y el Estado de derecho.
La Misión está integrada por Carlos Ayala Corao, María Paulina Aguirre Suárez y Marcela Ríos Tobar, expertos con trayectoria en justicia, derechos humanos y fortalecimiento institucional.