“No podemos quedarnos solo en medidas simbólicas”, afirma Nery Ramos sobre crisis penitenciaria
La reciente fuga de 20 reos de la prisión Fraijanes 2 ha vuelto a poner en evidencia los desafíos que enfrenta el sistema penitenciario en Guatemala.
La situación refleja problemas estructurales como el hacinamiento de hasta el 70%, la falta de infraestructura adecuada y debilidades en la formación y supervisión del personal penitenciario.
Durante una reunión de jefes de bloque, el presidente del Congreso, Nery Ramos, enfatizó la necesidad de individualizar y vincular a los responsables mediante procesos de investigación, asegurando que los reos prófugos enfrenten la justicia.
También destacó la importancia de que las leyes existentes sean efectivas y no se queden en medidas simbólicas, y subrayó la urgencia de contar con herramientas legales que permitan a la Policía Nacional Civil y al Ministerio Público enfrentar estructuras de crimen organizado.
#LaRedInforma | El presidente del Congreso, Nery Ramos, advierte sobre la necesidad de fortalecer el sistema penitenciario tras la fuga de 20 reos de Fraijanes 2. pic.twitter.com/DyQ76UNvWA
— La Red (@Lared1061) October 13, 2025
Ramos señaló que la falta de preparación de algunos mandos en la Guardia Penitenciaria y la asignación de cargos sin criterios de confiabilidad agravan la situación y limitan la capacidad del sistema para garantizar la seguridad de la población.
Los salarios del personal, que oscilan entre Q3,500 y Q4,000, también han sido mencionados como un factor que incide en la rotación y desempeño de los guardias.
Entre las propuestas discutidas se incluyen la construcción de un centro penitenciario de máxima seguridad y el fortalecimiento general de los procedimientos y protocolos de seguridad en las cárceles.
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La fuga de reos no solo evidencia fallas en el control de las prisiones, sino que también representa un reto para las autoridades y la sociedad, que buscan prevenir nuevos incidentes y mejorar la seguridad pública.
El caso continúa bajo observación de las autoridades competentes, mientras el Congreso y otras instituciones evalúan medidas para abordar de manera integral los problemas estructurales del sistema penitenciario.