Ministro de Gobernación sobre extorsiones: «es más complejo combatir este fenómeno criminal»
El informe “Extorsión en el Triángulo Norte de Centroamérica: siguiendo el dinero” que presentó la entidad Global Financial Integrity (GFI) con sede en Washington, D.C, brindó recomendaciones a Guatemala para disminuir el cobro de extorsiones.
Consultado el ministro de Gobernación, Napoleón Barrientos, sobre el informe de GFI, indicó que lo tuvo a la vista, pero no puede omitir opinión sobre los datos porque no se cita exactamente cómo llegaron a esas conclusiones.
“Con todo el respeto que se merece la organización, han de tener ellos sus fuentes para emitir un comunicado de naturaleza, sin duda alguna”, indicó.
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Sin embargo, dijo que “las extorsiones nos tienen bastante ocupados y hemos estado haciendo una serie de requisas, captura de estructuras y trabajo de investigación criminal e inteligencia civil”.
Añadió que se trabaja con el Ministerio Público en una serie de casos, ya que no es solo la policía la responsable del tema de la seguridad y la criminalidad, pero el tema se complica porque muchas personas y empresas pagan la extorsión y si no denuncian para que la información llegue a las autoridades, «es más complejo combatir este fenómeno criminal».
Mencionó que hay campañas para que no se pague, sino que denuncie y de esa forma, se atiende a las personas.
En el 2022 se asignaron 400 investigadores adicionales a la Subdirección de Investigación Criminal, que atiende diferente tipo de temas, incluyendo las extorsiones ya que “nuestro enfoque ahorita es atender ese tema y se ha hecho un esfuerzo grande para capacitar a más personal y se está perfilando a los próximos agentes que tengan mayor grado de confiabilidad para dedicarlos a esa tarea”.
Recomendaciones de la GFI
El informe de GFI brinda sugerencias que van orientadas a cosas que el Gobierno podría hacer para combatir la extorsión:
- Apalancar la política antilavado (ALD) como una herramienta clave.
- Asegurar que las instituciones financieras tengan la información suficiente para identificar “alertas rojas” (red flag indicators) en posibles casos de extorsión.
- Mejorar la calidad de la información contenida en las estadísticas oficiales, para medir la efectividad de las políticas y acciones programáticas. Además, sería importante realizar una encuesta o estudio que mida el impacto de la extorsión en las empresas.
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- Requerir información sobre los verdaderos dueños o ‘’beneficiarios finales’’ de las empresas para abordar la problemática de las que solo son “fachada”.
- Trabajar de la mano con empresas de telecomunicaciones en la región para encontrar soluciones a los esquemas de extorsión telefónica.
- Promover la inclusión digital financiera, especialmente en el sector transporte, para avanzar hacia nuevos métodos de pago que no sean solo en efectivo.
- Incorporar medidas anticorrupción en todos los programas antiextorsión.
*Con información de Prensa Libre