Ministro de Gobernación reconoce problemas en la aplicación de la Ley de Aceptación de Cargos
El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, se refirió este miércoles a la Ley de Aceptación de Cargos durante la conferencia semanal del programa La Ronda, en la que fue cuestionado por periodistas de La Red 106.1 sobre su aplicación en el sistema judicial guatemalteco.
Villeda explicó que la ley fue concebida como un mecanismo para descongestionar los tribunales, permitiendo que los casos sean resueltos mediante acuerdos entre fiscales y defensores sin necesidad de juicios prolongados.
Inspirada en modelos de países como Estados Unidos, Canadá e Inglaterra, la herramienta busca agilizar la administración de justicia.
No obstante, el ministro reconoció que su aplicación ha generado preocupaciones. “La Ley de Aceptación de Cargos tiene un objetivo válido, pero su implementación debe garantizar que no se convierta en un mecanismo de coerción”, indicó Villeda.
Señaló que la presión derivada de la prisión preventiva puede llevar a que algunos acusados acepten cargos incluso cuando no existen pruebas sólidas, lo que pone en riesgo los derechos fundamentales y el debido proceso.
#LaRedInforma | Villeda advierte sobre riesgos de coerción en la Ley de Aceptación de Cargos: “Debe mantenerse el equilibrio entre eficiencia judicial y derechos de los acusados”. pic.twitter.com/mkYaXiw3Xw
— La Red (@Lared1061) January 21, 2026
Según Villeda, la situación evidencia la necesidad de revisar la manera en que se aplica la ley y de fortalecer los mecanismos judiciales para que la aceptación de cargos sea realmente voluntaria y basada en evidencia, y no el resultado de la vulnerabilidad de los imputados.
“Es importante que se mantenga el equilibrio entre eficiencia judicial y respeto a los derechos de los ciudadanos”, concluyó.
Expertos y organizaciones civiles han señalado que, si bien la ley descongestiona tribunales, la mayoría de los casos nunca llega a juicio, lo que genera dudas sobre la transparencia del sistema y la protección de los acusados frente a posibles abusos.