MINEX coordina acciones en la investigación de comerciantes guatemaltecos desaparecidos en Chiapas
El Ministerio de Relaciones Exteriores (MINEX) participó el 22 de julio de 2024 en una reunión de trabajo interinstitucional en la sede de la Cancillería, con el objetivo de dar seguimiento al caso de los diez comerciantes guatemaltecos desaparecidos en Chiapas, México, en noviembre de 2023.
En la reunión estuvieron presentes representantes del Ministerio de Gobernación, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), la Comisión Nacional de Atención al Migrante (Conamigua), la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) y el Ministerio Público (MP).
También participaron la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala (OACNUDH) y las organizaciones civiles Red Jesuita con Migrantes y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, de Guatemala y México, respectivamente.
A ocho meses de la desaparición de diez comerciantes guatemaltecos en la sierra de Chiapas —región que hoy está en guerra—, sus familiares denuncian las omisiones y la ineficacia de las autoridades estatales. https://t.co/LUqJltGfMq
— Pascal (@beltrandelrio) July 23, 2024
Reunión interinstitucional
Cada una de las instituciones participantes expuso ante los familiares de los desaparecidos las acciones que han llevado a cabo en la búsqueda de los comerciantes.
El MINEX, por su parte, informó que ha instruido a la Embajada de Guatemala en México a solicitar a la Secretaría de Relaciones Exteriores de México la posibilidad de conformar un mecanismo de atención específico para este caso.
La Fiscalía de Inmigrantes de Tapachula continúa con la investigación, la cual se encuentra bajo reserva debido a su naturaleza.
Entre los compromisos acordados, se destacó la necesidad de agendar una próxima reunión a finales de agosto para evaluar los avances realizados por cada institución en cumplimiento de los compromisos adquiridos en la reunión de julio.
Desaparición de 10 comerciantes
El 16 de noviembre de 2023, tres días después de haber ingresado a territorio mexicano para vender animales de corral y ofrecer servicios de telefonía en los municipios de Frontera Comalapa, Chicomuselo y Siltepec, diez guatemaltecos desaparecieron.
Entre ellos se encuentra un menor de 17 años, por quien se emitió una Alerta Alba-Keneth.
Diez comerciantes guatemaltecos de entre 17 y 58 años, procedentes de Suchitepéquez, Guatemala, desaparecieron mientras estaban en una vivienda en la localidad, El Triunfo, en el municipio de Frontera Comalapa, Chiapas, a seis horas de distancia entre ambos pueblos. pic.twitter.com/oc1WMl64LK
— Mariana Morales (@MarianaMorale_s) November 24, 2023
Uno de los desaparecidos es Miguel Lorenzo Ramos, asesor de ventas de telefonía móvil, quien desapareció en un tramo que va de Frontera Comalapa a El Porvenir. Según sus familiares, Miguel salió a las 08:26 horas de la posada donde se había hospedado en Frontera Comalapa, rumbo a El Porvenir. Poco después, se cortó toda comunicación con él.
Los familiares de los desaparecidos reconocieron el devastador impacto emocional que la situación ha tenido en ellos.
“El impacto emocional por la desaparición de nuestros seres queridos ha sido devastador”, expresaron. “La noticia de la desaparición nos ha causado un duelo complejo, y la falta de apoyo de las autoridades mexicanas nos ha generado impotencia, afectando nuestros proyectos de vida y nuestra estabilidad económica”.
Las familias, compuestas en su mayoría por mujeres (esposas, madres y hermanas), han tenido que asumir roles dobles tras la desaparición de los hombres.
“Nuestros hijos han sido afectados en su rendimiento escolar, salud mental y desorden alimenticio, entre otros”, explicaron.
En abril, el gobierno mexicano prometió a las familias participar activamente en la búsqueda e investigación de los desaparecidos. “Se comprometieron a presentarnos los avances de la investigación, facilitar el otorgamiento de un visado humanitario y brindarnos ayuda material para nuestros traslados a México”, recordaron las familias.
Sin embargo, un año y ocho meses después de los hechos, las familias han encontrado “omisiones, indolencias e ineficiencias de las autoridades” mexicanas, lo que consideran “graves violaciones a nuestros derechos humanos”.