Mineduc queda sujeto a autorización judicial para sancionar o despedir a maestros
Un juzgado de Trabajo y Previsión Social del departamento de Guatemala resolvió emplazar al Ministerio de Educación (Mineduc), medida que impide a la cartera iniciar procesos disciplinarios o ejecutar destituciones contra maestros desde el 12 de enero de 2026.
La resolución se origina a partir de un conflicto colectivo de carácter económico-social promovido por el Comité Ad Hoc de la Coalición de Trabajadoras y Trabajadores del Ministerio de Educación, organización vinculada al Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG), en contra del Estado y del Mineduc.
El fallo establece que tanto el Estado como el ministerio deben abstenerse de tomar represalias laborales o restringir el ejercicio de derechos de los trabajadores mientras el conflicto se resuelve de fondo. Asimismo, advierte que cualquier incumplimiento podría ser sancionado con multas que van de 10 a 50 salarios mínimos mensuales del sector no agrícola, lo que representa montos que oscilan entre más de Q42 mil y Q212 mil, según el salario mínimo vigente para 2026.
Autorización judicial obligatoria
La resolución judicial también señala que cualquier terminación de contratos laborales deberá contar con la autorización expresa del órgano jurisdiccional que conozca el conflicto colectivo, lo que limita la capacidad del Mineduc de ejecutar despidos de forma administrativa durante la vigencia del emplazamiento.
Este mecanismo no implica una prohibición absoluta de destituciones, sino que condiciona cualquier decisión de ese tipo a la revisión y aval de un juez laboral, quien deberá determinar si existen causas debidamente justificadas.
Antecedentes del conflicto
Durante 2025, el Ministerio de Educación aplicó sanciones administrativas a miles de docentes que se ausentaron de las aulas para participar en una asamblea permanente convocada por el STEG.
Estas medidas incluyeron suspensiones sin goce de salario y más de un centenar de despidos.
El nuevo emplazamiento judicial, sin embargo, no tiene efectos retroactivos, por lo que las sanciones y destituciones ejecutadas el año pasado permanecen vigentes.
Un pulso legal abierto
La decisión judicial se da en medio de un prolongado pulso entre el STEG y el Ministerio de Educación, luego de que el sindicato cuestionara las sanciones impuestas tras la suspensión de clases y promoviera diversas acciones legales ante juzgados y la Corte de Constitucionalidad.
Aunque la resolución no fija un plazo específico para su vigencia, el caso continúa abierto y su desenlace dependerá de las decisiones que adopten las instancias judiciales correspondientes en las próximas etapas del proceso.