Manuel Baldizón evita juicio por corrupción en caso Odebrecht tras fallo judicial
La Sala Primera de Mayor Riesgo ratificó el cierre del caso contra Manuel Baldizón, excandidato presidencial señalado por lavado de dinero y asociación ilícita en el marco del escándalo Odebrecht.
Esta decisión judicial se produjo al rechazar la apelación interpuesta por la Procuraduría General de la Nación (PGN) contra la resolución que dejó sin efecto el proceso, lo que ha generado un intenso debate sobre la justicia en Guatemala.
El fallo confirma que Baldizón no enfrentará un juicio oral y público por los cargos que se le imputaban, permitiéndole evitar, por segunda ocasión, un posible veredicto condenatorio en este caso emblemático.
Sin embargo, varios de sus colaboradores cercanos ya han admitido su culpabilidad y cumplen condenas por su participación en la red de corrupción desvelada.
#LaRedInforma | Sala Primera confirma cierre de investigación contra Manuel Baldizón. Mientras tanto, exfiscales enfrentan órdenes de captura. pic.twitter.com/7O1I6M6Uke
— La Red (@Lared1061) June 3, 2025
El caso, que data desde 2018 bajo la investigación denominada “Construcción y corrupción”, expuso una compleja estructura liderada por el entonces ministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, en la que se cobraban comisiones ilegales de entre el 5% y 15% a las empresas constructoras, incluyendo a la brasileña Odebrecht, para gestionar desembolsos de obras públicas.
Además, el Ministerio Público documentó presuntos pagos millonarios a diputados para la aprobación de préstamos destinados a estos proyectos, involucrando directamente a actores políticos de alto perfil.
Ordenes de captura, caso Odebrecht
Contrario a la suerte de Baldizón, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), dirigida por Rafael Curruchiche, ha dado a conocer un giro polémico al anunciar la emisión de 26 órdenes de captura contra exfiscales que investigaron el caso Odebrecht, entre ellos Juan Francisco Sandoval, Siomara Sosa y Rudy Herrera, así como contra el excomisionado de la CICIG, Iván Velásquez, y la fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo.
Las órdenes de captura han sido cuestionadas por su inusual procedimiento, ya que fueron autorizadas directamente por la Sala Tercera de Apelaciones sin pasar por un juzgado de primera instancia, lo que ha generado críticas y preocupaciones sobre la independencia del proceso judicial.