Luz Adriana Camargo afirma que orden de detención en su contra es ilegal y sin fundamento
La fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, reaccionó este martes a la orden de detención girada en su contra por la justicia guatemalteca, calificándola como una decisión “sin fundamento jurídico” y como parte de un “contraataque sin precedentes” derivado de su lucha contra la corrupción y el crimen organizado.
Camargo, quien entre 2014 y 2017 lideró el Departamento de Investigación y Litigio de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), se pronunció durante una rueda de prensa en Bogotá.
Aseguró que los señalamientos emitidos por el Ministerio Público guatemalteco se deben a su trabajo en la investigación de casos de alto impacto como el de la constructora Odebrecht.
“Estamos observando que esta lucha contra la corrupción y la criminalidad organizada dentro y fuera del país está generando un contraataque sin precedentes contra los servidores de la entidad y la propia fiscal general de la Nación”, afirmó.
Camargo también sostuvo que la orden de detención carece de sustento legal y representa, a su juicio, una violación flagrante del acuerdo entre Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala que otorgaba inmunidad a los funcionarios internacionales que integraron la Cicig.
“La inmunidad no significa impunidad: claro que puedo ser investigada, pero observando las formas propias del debido proceso internacional”, subrayó.
En su declaración, la fiscal colombiana pidió respeto a los compromisos internacionales asumidos por los Estados en el marco de la Carta de las Naciones Unidas, al tiempo que recordó que no existe ninguna orden de captura internacional en su contra.
Según explicó, el Gobierno de Guatemala ya rechazó la solicitud del Ministerio Público para activar ese mecanismo, limitando así la vigencia de la orden únicamente a territorio guatemalteco.
Camargo defendió su actuación en las investigaciones sobre el caso Odebrecht, y explicó que las actividades cuestionadas —como asistir a reuniones o intercambiar correos electrónicos sobre los términos de colaboración eficaz de la empresa brasileña— fueron clave para que se entregara información sobre los receptores de sobornos y para que Odebrecht aceptara pagar 16.5 millones de dólares al Estado de Guatemala en concepto de indemnización.
“La determinación del Tribunal desconoce los parámetros del derecho internacional y los derechos humanos, carece de sustento jurídico y pone en riesgo la colaboración decidida entre países y organismos internacionales para luchar contra la impunidad, la corrupción y los flagelos criminales que debilitan las democracias”, concluyó.