«Llevan cinco años de tiempo»: Suriano descarta, por ahora, más plazos para transportistas

La respuesta a la demanda de los transportistas de una prórroga de dos meses para la instalación de limitadores de velocidad fue tajante. El viceministro Fernando Suriano confirmó que, en este momento, no se está considerando otorgar más tiempo. «Llevamos cinco años de prórroga, si quieren verlo de esa forma», recordó el funcionario, aludiendo a los constantes retrasos en la aplicación de las sanciones.

Suriano explicó que la temporalidad de las multas está establecida en la ley y no únicamente en el reglamento, lo que limita el margen de maniobra del Ejecutivo. Aunque se ha reunido con su equipo legal para evaluar el contexto integral, la postura oficial es que el tiempo para el cumplimiento ha sido suficiente desde 2018. El funcionario cuestionó qué garantiza que en dos meses adicionales sí se cumpla con la norma.

El funcionario relató que en reuniones con el sector transporte, algunos actores admitieron abiertamente su rechazo a ser supervisados. «La respuesta de otra persona que estaba ahí era que nosotros no queremos reguladores de velocidad», comentó Suriano. Para la autoridad, esto demuestra que el problema no es la falta de dispositivos o de tiempo, sino una oposición ideológica y práctica a cualquier tipo de control.

Un punto crítico mencionado fue el riesgo de que el Estado incumpla sus propias obligaciones legales. Las multas, según la legislación vigente, ya deberían estar aplicándose. El retraso hasta el 2 de marzo fue una medida excepcional, pero Suriano enfatizó que la población exige justicia y prevención, especialmente tras accidentes con saldos masivos de víctimas que conmocionan a la opinión pública nacional.

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«¿Cuánto tiempo más quieren para que sí cumplan?», preguntó retóricamente el viceministro durante la entrevista. Señaló que algunos transportistas incluso han pedido hasta un año adicional, lo que sumaría seis años de incumplimiento de una ley diseñada para salvar vidas. Esta actitud es vista por el Ministerio como una falta de compromiso con la seguridad de los usuarios y con la legalidad del país.

El funcionario también aclaró que la intención no es perseguir al transportista, sino garantizar que la concesión que otorga el Estado se maneje con responsabilidad. Advirtió que la fiscalización se enmarcará estrictamente en el marco jurídico vigente. La decisión final será tomada junto a la ministra de Comunicaciones, pero bajo la premisa de que la ley debe cumplirse para proteger el bien común.

Finalmente, Suriano instó a los empresarios que aún no han iniciado el proceso a que lo hagan de inmediato. Advirtió que la creencia de que siempre habrá una nueva prórroga es lo que detiene la importación y programación de los dispositivos. Al mantenerse firme la fecha de inicio de las multas, el mercado reaccionará para proveer las soluciones técnicas necesarias que el transporte requiere para operar legalmente.