Las consecuencias tras la decisión presidencial sobre el Decreto 07-2025
La reciente decisión del presidente Bernardo Arévalo de vetar el Decreto 7-2025, conocido como la Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos de los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes), marca un hito en el debate sobre la transparencia y la gestión de fondos públicos en Guatemala.
El mandatario justificó su postura citando vicios de inconstitucionalidad en la normativa, aludiendo a violaciones de diversos artículos de la Constitución relacionados con la función pública, el ejercicio presupuestario y las obligaciones estatales.
Esta ley, aprobada en el Congreso con más de cien votos, generó un amplio debate por proponer que los saldos no ejecutados de los Codedes pasaran automáticamente a la Cuenta Única del Tesoro, permitiendo que continuaran disponibles para nuevos proyectos y pagos, pero sin fortalecer los controles técnicos y legales requeridos para tales asignaciones.
El impacto inmediato del veto reside en el retorno del decreto al Congreso, que podría rechazar el veto y aprobar la ley con una mayoría calificada, o bien iniciar la discusión de alternativas. El Ejecutivo, en su comunicación oficial, subrayó que la decisión busca defender la transparencia y la estabilidad fiscal, argumentando que la automatización de estos procedimientos pondría en riesgo la calidad de la infraestructura pública y abriría la puerta a prácticas discrecionales que podrían facilitar actos de corrupción.
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Diversas organizaciones sociales, cámaras empresariales y entidades técnicas ya habían advertido sobre estos peligros, sosteniendo que el decreto debilitaba los sistemas de fiscalización al reducir los controles para la aprobación de proyectos y permitía el arrastre de fondos de año en año, una práctica que se percibe como una amenaza al principio de anualidad presupuestaria.
El trasfondo político de la decisión tampoco es menor. Si bien el presidente consolida un mensaje de lucha contra la corrupción, la medida le expone a tensiones con sectores del Congreso y con alcaldes, quienes presionan para la eventual aprobación de la ley. Líderes municipales consideran que la normativa facilitaría el desarrollo local, mientras críticos del decreto afirman que debilitaría aún más el ya frágil sistema de fiscalización del gasto público.
El Ejecutivo ha manifestado su interés en construir acuerdos con el Legislativo para impulsar alternativas de desarrollo local, sin sacrificar los principios de transparencia y control en la ejecución de fondos estatales. Así, la coyuntura abre una nueva etapa de negociación política, en la que está en juego no solo el desarrollo regional, sino la credibilidad de las instituciones guatemaltecas ante la opinión pública y la comunidad internacional.
Mientras el Congreso prepara respuestas al veto, el debate sobre el Decreto 07-2025 refleja la compleja relación entre la urgencia de ejecutar obras en el interior del país y la necesidad de garantizar un manejo ético, eficiente y transparente de los recursos estatales. El desenlace de esta controversia definirá no solo el destino inmediato de los Codedes, sino también el futuro de las reformas sobre el uso y control de fondos públicos en Guatemala.