La verdad detrás de los terrenos sin legalizar: el reto que afecta a 39 mil escuelas
La diputada Lucrecia Marroquín señaló que la educación pública continúa enfrentando serios obstáculos debido a la falta de certeza jurídica en los terrenos donde operan miles de escuelas en Guatemala.
Durante una entrevista reciente, explicó que la burocracia y la falta de diligencia en instituciones clave han retrasado los procesos de legalización, impidiendo que la infraestructura educativa pueda avanzar.
Actualmente, de las 39,000 escuelas públicas registradas en el país, únicamente entre 3,000 y 4,000 cuentan con la documentación legal que respalda su propiedad.
Esta carencia limita la posibilidad de invertir en mejoras, ya que la normativa presupuestaria impide realizar construcciones o remodelaciones en propiedades que no estén debidamente legalizadas.
Según Marroquín, esta situación mantiene a cientos de centros educativos en condiciones precarias, algunos sin haber recibido intervenciones desde su edificación en las décadas de 1950 y 1960.
La diputada insistió en que garantizar espacios dignos es fundamental para elevar la calidad educativa y llamó a las entidades involucradas a acelerar los trámites pendientes, con el fin de asegurar que la infraestructura escolar del país pueda avanzar hacia estándares más adecuados.