La UE denuncia uso indebido del sistema judicial tras el caso del MP contra el presidente Arévalo

Este jueves, la Unión Europea (UE) expresó su profunda preocupación por la reciente solicitud del Ministerio Público (MP) de retirar la inmunidad al presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, en el marco de un supuesto caso de corrupción.
Según un comunicado emitido por el portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), esta acción forma parte de un patrón preocupante de acusaciones e investigaciones que parecen estar políticamente motivadas y que buscan socavar al actual gobierno.
«Las actuaciones del #MinisterioPúblico forman parte de un patrón altamente preocupante de denuncias e investigaciones políticamente motivadas contra el gobierno actual. La #UniónEuropea mantiene su firme compromiso con la #Democracia en #Guatemala.»
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— Unión Europea en Guatemala (@UEGuatemala) August 22, 2024
La UE ha manifestado en varias ocasiones su inquietud respecto al uso instrumental del sistema judicial en Guatemala, especialmente tras las elecciones de 2023.
Los intentos de deslegitimar la voluntad popular expresada en las urnas son vistos como parte de un proceso de manipulación de la justicia con fines políticos.
Caso
El caso de corrupción fue anunciado por el fiscal Rafael Curruchiche y el secretario general del MP, Ángel Pineda, ambos sancionados por Estados Unidos, Canadá y la propia Unión Europea, bajo señalamientos de corrupción y acusaciones de intentar alterar los resultados electorales de 2023.
La denuncia que impulsó esta investigación proviene de un dirigente de una fundación de extrema derecha, también sancionado por Estados Unidos.
El origen del caso se remonta a la destitución en mayo pasado de la ministra de Comunicaciones, Jazmín de la Vega, quien fue despedida por el presidente Arévalo tras haber aprobado pagos a empresas constructoras sin la debida autorización, una acción que el mandatario consideró ilegal.
Esta destitución ha sido utilizada para construir la acusación en contra del gobernante.
La UE subrayó que seguirá vigilante ante la situación política y judicial en Guatemala, insistiendo en la necesidad de respetar el estado de derecho y la independencia de las instituciones democráticas, evitando la instrumentalización de la justicia con fines políticos.