“La seguridad exige firmeza, pero también responsabilidad”: ¿qué pasó realmente en Izabal?
El Ministerio de Gobernación anunció la apertura de una investigación interna tras los incidentes registrados la noche del martes 17 de junio en Izabal, luego de que concluyera una mesa de diálogo entre representantes de comunidades locales y funcionarios del Ministerio de Ambiente, relacionada con un proyecto minero en ese departamento.
A través de un comunicado oficial, la institución indicó que la Policía Nacional Civil (PNC), por medio de la Inspectoría General, está recabando información detallada sobre lo ocurrido.
La cartera aseguró que la actuación de los agentes se dio “enmarcada en el respeto irrestricto al derecho de reunión, manifestación y locomoción”, priorizando el diálogo y garantizando el uso proporcional de la fuerza.
Según el documento, la intervención se ejecutó conforme a un nuevo protocolo elaborado con base en lineamientos de la Corte de Constitucionalidad.
Está es la otra cara de los manifestantes de #Izabal que nadie está hablando.
Solo este personaje ha sido capturado en 2 oportunidades
1. Amenaza a agente de seguridad con arma larga
2. Violencia contra la mujer¿Qué hace libre, quién lo llevó ahí, para qué, quiénes lo rodean? pic.twitter.com/TxHg6GndGP
— Francisco Jiménez (@FJimenezmingob) June 19, 2025
Los hechos generaron una respuesta inmediata del ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, quien se pronunció a través de su cuenta oficial en la red social X.
“La seguridad en contextos complejos exige firmeza, pero también responsabilidad. Nuestra prioridad es proteger a todas las personas: ciudadanos, periodistas y agentes”, publicó.
Jiménez también reveló que, según los reportes recibidos, “en escenarios de tensión como los de anoche en Izabal (…) se identificaron civiles accionando armas de fuego”, lo cual, advirtió, representa un riesgo para vidas inocentes ajenas al conflicto. Por ello, aseguró que “desde anoche mismo, instruí al Director General de la Policía Nacional Civil que ordenara a la Inspectoría General una investigación inmediata que deberá esclarecer objetivamente lo ocurrido”.
El Ministerio de Gobernación reiteró que estos hechos preocupan institucionalmente, ya que afectan el ejercicio de los derechos ciudadanos. “La violencia representa un riesgo para todos y obliga a reflexionar que el ejercicio de un derecho no implica la limitación de otro”, cita el documento oficial.
