La polémica extensión de vida útil: Buses de más de 25 años seguirán en las carreteras guatemaltecas
En un contexto donde la siniestralidad vial se posiciona como la segunda causa de muerte en Guatemala, con 3,512 incidentes viales y más de mil personas fallecidas entre enero y mayo de 2025, según el Observatorio Nacional de Seguridad de Tránsito, el gobierno ha tomado una decisión que genera controversia: permitir que autobuses con más de 25 años de antigüedad continúen circulando en las carreteras del país.
Edgar Guerra, Defensor del usuario del transporte público de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), expresó su preocupación por esta medida durante una entrevista en La Red Noticias 106.1. «Si otros países están regulando esto a autobuses que no tengan más de 10 años de antigüedad, ¿cómo es posible y en qué cabeza cabe? Obviamente solamente para favorecer al grupo de transportistas», señaló Guerra.
El reciente Acuerdo Gubernativo 140-2025 emitido por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (MICIVI) flexibiliza los requisitos para que unidades de transporte público con más de un cuarto de siglo de fabricación continúen operando, lo que afecta directamente a aproximadamente el 45% de la flota nacional de autobuses, que según Guerra, suma unos 21,000 vehículos autorizados.
El defensor criticó que esta medida contradice los discursos de modernización promovidos por el actual gobierno.
«Esto no es modernización, es un contrasentido de lo que ha estado indicando el gobierno actual desde hace muchos meses, en donde dicen que pretenden modernizar el transporte, modernizar la economía. ¿Cómo van a modernizar esto si al final lo que están haciendo son medidas donde van a perjudicar al usuario?», cuestionó.
Uno de los puntos más controversiales del acuerdo es el mecanismo de certificación técnica para estos vehículos antiguos. Guerra advirtió que el único requisito para los talleres que emitirán estas certificaciones es estar registrados en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), lo que podría abrir la puerta a prácticas irregulares.
«Esto va a pasar aún peor de lo que ocurrió con CONAMA en los años 90, en la Comisión Nacional de Medio Ambiente, que obviamente surgió o propició más corrupción en la emisión de certificados o certificaciones de vehículos que no contaminaban», comparó.
El funcionario de la PDH también denunció prácticas irregulares en el mantenimiento de los autobuses. «Hemos visto incluso los mismos transportistas nos han comentado que ellos usan los servicios de sus mismos pilotos o ayudantes para poder reparar los trenes de sus autobuses. Esa práctica muy difícilmente se va a eliminar, lo único que van a hacer es conseguir la firma del taller para analizar o para certificar que alguien firme que se revisó el sistema de frenos», explicó.
Guerra hizo una distinción entre verdaderos empresarios del transporte y simples propietarios de autobuses. «Hay unos que son transportistas, otros son simplemente propietarios de autobuses, que están viendo la manera de cómo sacar la mayor cantidad de plata del pueblo guatemalteco, sin importarle la vida de los guatemaltecos», afirmó, añadiendo que algunos dueños ni siquiera mantienen una relación laboral con los pilotos, sino que les cobran una renta por el uso del vehículo.
El mismo acuerdo gubernativo también eliminó la obligación de implementar un sistema de prepago en el transporte público, lo que según Guerra, perpetúa la incertidumbre en el cobro de tarifas. «Aprovecharon este acuerdo gubernativo el 140-2025, para también quitar la obligación del tiempo para la instalación del sistema prepago, aprovecharon dos por uno, y obviamente esa normativa solo beneficia a los transportistas, en nada ayuda al usuario», señaló.
El defensor recordó que desde la pandemia, los transportistas incrementaron unilateralmente las tarifas hasta en un 100%, sin que los gobiernos anteriores o el actual hayan tomado medidas al respecto. «Los mismos transportistas autoreceptaron el cobro del 100% más de las tarifas de transporte público, y el gobierno de Matei en su momento tampoco hizo absolutamente nada», denunció.
Guerra también mencionó que desde 2012 existe una disposición en el Reglamento de Prestaciones de Transporte Urbano de Pasajeros por Carretera (Acuerdo Gubernativo 225-2012) que obliga al MICIVI a establecer un nuevo tarifario, pero que hasta la fecha no se ha implementado. «Hemos estado insistiendo como institución también que debe ir pegada al tarifario, al vidrio de adelante y del posterior del autobús, para que haya certeza del cobro», explicó.
El funcionario concluyó que estas decisiones parecen estar motivadas por el deseo del gobierno de evitar conflictos sociales con los transportistas, a costa de la seguridad de los usuarios. «Más parecerá que es como que el gobierno quisiera sacar su problema de encima, para no tener conflictividad social, en contramedida de la seguridad de los guatemaltecos», afirmó.
La entrevista dejó en evidencia que, a pesar de recientes tragedias viales que han costado decenas de vidas, Guatemala parece estar perdiendo una oportunidad para reformar integralmente su sistema de transporte público, priorizando intereses sectoriales por encima de la seguridad y el bienestar de los más de tres millones de personas que diariamente utilizan estos servicios.