¿Justicia o injusticia? ONU investiga detenciones arbitrarias en Guatemala
El país se encuentra bajo la supervisión del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria y el Subcomité para la Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Estas dos entidades están evaluando la situación de los derechos humanos, específicamente en relación con la detención arbitraria y las condiciones en los centros de detención del país.
📢 #Importante| Comunicado: Guatemala bajo fiscalización internacional por detenciones arbitrarias.
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— COPADEH Guatemala (@copadehgt) August 23, 2024
El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria está dando seguimiento a tres casos en Guatemala que han sido declarados como detenciones arbitrarias.
Entre ellos se encuentra el de Sergio Alfredo Herrera Acevedo, quien fue arrestado en 2019, aunque su proceso judicial había concluido ocho años antes. Otro caso es el de Lilian Virginia Laparra Rivas, detenida en febrero de 2022.
Finalmente, el reconocido periodista José Rubén Zamora Marroquín, fundador del diario elPeriódico, fue arrestado en julio de 2022, y su situación también ha sido clasificada como una detención arbitraria.
Las autoridades de la ONU han solicitado al Estado de Guatemala que rectifique estas situaciones, asegurando el respeto a los derechos fundamentales de estas personas, conforme a las normativas del derecho internacional.
Gobierno de Bernardo Arévalo
Ante estos señalamientos, el gobierno del presidente Bernardo Arévalo y la vicepresidenta Karin Herrera ha reafirmado su compromiso con la fiscalización internacional y el respeto de los derechos humanos.
El Ejecutivo ha expresado su disposición para cumplir con las recomendaciones emitidas por la ONU y ha orientado sus políticas hacia la promoción y protección de los derechos humanos en todos los niveles.
Estas acciones están siendo coordinadas por la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (COPADEH), con el objetivo de fortalecer el Estado de derecho y garantizar el bienestar de la población guatemalteca.
