Icefi recomienda a Comisión de Energía y Minas no prorrogar contrato con Perenco
«Un privilegio injustificado a favor de la empresa Perenco, contrario a los intereses del Estado de Guatemala», así califica el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, una posible prórroga en el contrato con la empresa Perenco.
Pero… ¿Cuál es el giro de esta empresa y qué tiene que ver el Gobierno?
Perenco es una empresa franco-británica contratista del Estado de Guatemala, que a través del contrato 2-85, está habilitada para realizar operaciones petroleras en el campo Xan, ubicado en San Andrés, Petén.
Perenco inició operaciones el 13 de agosto de 1985, por un plazo de 25 años. Sin embargo, en 2008 el Congreso de la República aprobó la Ley del Fondo para el Desarrollo Económico de la Nación (Fonpetrol), que habilitó legalmente al Ejecutivo para aprobar una única prórroga por 15 años, con lo cual su vigencia caducará el 12 de agosto de 2025.
Sin embargo, el artículo 2 de la iniciativa de ley 6021 propone que el presidente de la República, en Consejo de ministros, pueda aprobar prórrogas continuas de 25 años cada una, o hasta que se alcance el límite económico del yacimiento, lo que ocurra primero.
Ante este contexto, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), considera que esta propuesta contraviene de manera directa lo ya legislado por el Congreso de la República en 2008.
Por lo que, a través de un comunicado, el Icefi envió a los diputados miembros de la Comisión de Energía y Minas (CEM) del Congreso de la República, un oficio con elementos de análisis y recomendaciones para ser tomadas en cuenta en el dictamen para la iniciativa de ley número 6021.
En esta opinión técnica, el Icefi recomienda no reformar la Ley de Hidrocarburos, Decreto Ley 109-83, con el propósito de conceder una nueva prórroga al contrato de operaciones petroleras de explotación con Perenco.
Además, destaca el carácter injustificado y posiblemente nocivo de la propuesta contenida en el artículo 4 de la iniciativa de ley 6021, en el que se propone que el Estado le conceda al contratista, en este caso la empresa Perenco, autorización legal para suspender temporalmente los pagos por regalías y producción de hidrocarburos compartidos, sujeto a ciertas condiciones justificativas.
Entre otros puntos, y «debido a la gravedad de las anomalías detectadas, el Icefi recomienda a la Comisión, emitir dictamen desfavorable, y al Congreso no aprobar la iniciativa 6021».
A criterio del Instituto, el Organismo Legislativo y en particular la Comisión de Energía y Minas, debe crear un espacio de discusión técnica y abierta para analizar una reforma integral a la Ley de Hidrocarburos, y al resto del marco que regula a las industrias extractivas, comprendiendo los impactos ambientales, económicos y sociales de estas actividades e incluyendo temas sensibles como la conflictividad social y el derecho al desarrollo y a la consulta de las poblaciones de las áreas afectadas.