¿Hasta dónde llegará el pulso entre el gobierno y el STEG mientras miles de niños siguen sin clases?
El conflicto entre el gobierno de Bernardo Arévalo y el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG) alcanzó un nuevo nivel de tensión este lunes, cuando el presidente de la República hizo un llamado directo a la Corte de Constitucionalidad para que resuelva «con prontitud» los amparos interpuestos por el sindicato contra las sanciones administrativas impuestas a maestros en paro.
Durante su intervención en La Ronda, el mandatario fue enfático al señalar que la educación «es y seguirá siendo una prioridad» para su administración, mientras acusó al STEG de mantener una movilización ilegal que afecta a aproximadamente el 10% de los estudiantes del país.
«Mientras el sindicato del STEG lleva a cabo acciones ilegales y empujó a un grupo de maestros a abandonar las aulas, el gobierno y el Ministerio de Educación siguen adelante con la transformación educativa», afirmó Arévalo, quien destacó que el 90% del magisterio nacional continúa trabajando normalmente.
El conflicto, que se ha prolongado por varias semanas, tiene sus raíces en lo que el gobierno denomina «privilegios ilegales» que el sindicato habría construido durante administraciones anteriores.
Según el presidente, representantes del STEG reconocieron el pasado viernes, durante una reunión en el Congreso de la República, que «desobedecen resoluciones legales que los obligan a cesar la movilización».
«Esta admisión confirma no sólo el alcance de la ilegalidad, sino lo absurdo de su posición, ya que han quedado fuera de todo marco legal que justifique sus acciones», sentenció el mandatario, quien además rechazó «de manera categórica, el uso de mensajes violentos que algunos dirigentes han instalado en esta discusión».
El paro de maestros, que según cifras oficiales afecta aproximadamente al 10% de los centros educativos del país, ha generado preocupación entre padres de familia y organizaciones de derechos humanos, que advierten sobre las consecuencias negativas para miles de niños, niñas y adolescentes que ven interrumpido su proceso educativo.
La disputa se ha judicializado a través de múltiples recursos legales. El STEG ha interpuesto amparos para frenar las sanciones administrativas que el Ministerio de Educación ha comenzado a aplicar contra los docentes que participan en el paro, mientras que el gobierno ha apelado estas acciones ante la Corte de Constitucionalidad.
«Como Presidente quiero hacer un llamado a la Corte de Constitucionalidad para que las acciones de amparo promovidas por el STEG en sus jugarretas e intentos para evitar las sanciones administrativas y que han sido apeladas oportunamente ante la CC sean resueltas con prontitud, en pleno respeto a nuestro derecho vigente por el bien de nuestro pueblo y por el bien de la educación», expresó Arévalo.
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El tono del discurso presidencial refleja un endurecimiento de la posición gubernamental frente al conflicto magisterial. Arévalo acusó directamente al sindicato de oponerse a los cambios que su administración busca implementar en el sistema educativo nacional.
«Lo hemos dicho y lo repetimos, no quieren que Guatemala cambie, no quieren que la educación avance, no quieren que termine la corrupción ni los privilegios indebidos que durante mucho tiempo lograron manejar», afirmó el presidente, vinculando así la resistencia sindical con la defensa de intereses particulares y no con reivindicaciones laborales legítimas.
El conflicto se desarrolla en un contexto más amplio de transformación educativa que el gobierno de Arévalo ha impulsado desde su llegada al poder.
Entre estas iniciativas destaca el programa «Becas por nuestro futuro», que actualmente se encuentra en su segunda convocatoria hasta el 31 de julio.
Según informó el mandatario, hasta el 20 de julio se habían registrado 4,563 postulaciones en progreso para estas becas, con 437 ya finalizadas y enviadas a CEGEPLAN. «Nos complace decir que la participación de mujeres sigue siendo predominante con un 57%», destacó Arévalo, quien además anunció que en los próximos días se notificará a los seleccionados de la primera convocatoria.
Especialistas en política educativa señalan que este conflicto evidencia las tensiones inherentes a cualquier proceso de reforma profunda del sistema educativo, especialmente cuando implica modificar estructuras de poder y prácticas arraigadas durante décadas. Sin embargo, advierten que la prolongación del conflicto podría tener consecuencias graves para los estudiantes afectados, quienes acumulan semanas sin recibir clases.
Organizaciones de la sociedad civil han llamado a ambas partes a privilegiar el diálogo y buscar soluciones que no comprometan el derecho a la educación de niños y adolescentes.
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No obstante, las posiciones parecen cada vez más distantes, con un gobierno que califica las acciones sindicales como ilegales y un sindicato que defiende su derecho a la protesta.
Mientras tanto, en las comunidades donde las escuelas permanecen cerradas, padres de familia expresan su preocupación por el impacto que esta interrupción tendrá en el aprendizaje y desarrollo de sus hijos, especialmente considerando que el sistema educativo guatemalteco aún enfrenta los efectos de la pandemia de COVID-19, que provocó retrocesos significativos en los indicadores educativos del país.