¿Guatemala se está quedando sin agua? Un recurso que parecía inagotable comienza a escasear
Guatemala está experimentando una transición acelerada «de la abundancia a la escasez de agua», advirtió la ministra de Ambiente y Recursos Naturales, Patricia Orantes, durante su informe sobre los avances en la construcción de la iniciativa de Ley de Aguas.
Esta situación, según la funcionaria, hace más urgente que nunca la aprobación de una legislación que regule la gestión del recurso hídrico en el país.
«Hoy más que nunca, 40 años tenemos de no cumplir este mandato que está en la constitución, esta ley es urgente, pues el país viene transitando muy rápido de la abundancia a la escasez de agua», señaló Orantes al explicar la necesidad de impulsar esta iniciativa legislativa.
La ministra identificó cuatro factores principales que están contribuyendo a esta creciente escasez: «la deforestación, el cambio climático, la contaminación de nuestros ríos y lagos y la extracción insostenible del agua subterránea, insostenible y sin regulación alguna».
Estos problemas, según indicó, están generando no solo una disminución en la disponibilidad del recurso, sino también un aumento en los conflictos relacionados con su acceso y distribución.
«Existe una amplia aceptación y coincidencia sobre la creciente escasez de agua, todo el mundo la está viviendo y también de una creciente cantidad de conflictos entre comunidades, vecinos, gobiernos municipales, COCODES y empresas», afirmó Orantes, destacando que este reconocimiento generalizado de la problemática es uno de los principales resultados de la primera ronda de diálogos para la construcción de la Ley de Aguas.
La ministra hizo especial énfasis en la relación entre la conservación de los bosques y la disponibilidad de agua: «No vamos a poder tener bosques si seguimos destruyendo, no vamos a poder tener aguas si seguimos destruyendo los bosques».
En este sentido, mencionó que todos los actores que participaron en los diálogos «consideran importante que la ley contemple como una parte sustantiva restaurar y sanar las cuencas hidrográficas y recuperar y proteger los bosques productores de agua».
Como posible solución a este problema, Orantes planteó la posibilidad de que la ley de aguas incluya «un mecanismo de pago a los propietarios privados, individuales y colectivos comunales que mantienen los bosques y que producen el agua para los guatemaltecos», reconociendo así el valor de los servicios ambientales que prestan estos ecosistemas.
La situación es particularmente crítica en algunas regiones del país, como el Corredor Seco. La ministra mencionó que en una reunión realizada en Chiquimula participaron «más de 600 personas del pueblo Chortí porque están en una aguda crisis del agua», evidenciando la gravedad del problema en esta zona.
Otro aspecto destacado por Orantes es la falta de infraestructura adecuada para la gestión del agua: «A Guatemala le urge desarrollar competencias de asignaciones institucionales para que durante el invierno podamos construir infraestructura para que durante el invierno almacenemos agua de lluvia para tener agua en la época seca. Es algo tan básico pero nadie tiene la competencia para hacerlo».
La ministra también señaló la necesidad de contar con «infraestructura para retener el agua para evitar desastres en zonas proclives a inundaciones» e «infraestructura para llevar agua de donde sobra hacia donde se necesita, como el Corredor Seco», subrayando que existe «una tremenda coincidencia de todos de que la ley pueda facilitar el desarrollo de infraestructura de regulación hídrica».
En las áreas urbanas, Orantes identificó la urbanización descontrolada como un factor que contribuye a la escasez de agua: «Esta ciudad se está quedando sin agua porque la estamos cementando toda». Por esta razón, indicó que para las organizaciones de vecinos y organizaciones sociales de las ciudades «es particularmente importante que la ley de aguas incluya normativa de construcción para que los procesos de urbanización respeten el ciclo del agua».
La ministra concluyó que, tras esta primera ronda de diálogos, se ha confirmado que «la ley es una necesidad sentida a nivel nacional y que existen desde ya áreas de muchísima confluencia» entre los diversos sectores participantes.
El proceso continuará con una segunda ronda de trabajo que comenzará a finales de junio, con el objetivo de discutir propuestas de contenidos estratégicos concretos para la iniciativa de ley.