“Grave y preocupante”: defensa alerta sobre posibles irregularidades en evidencia del caso Bonilla
El abogado defensor Saúl Zenteno, representante legal de María Fernanda Bonilla, presentó ante el tribunal una serie de señalamientos sobre posibles irregularidades en la obtención y análisis del teléfono celular atribuido a su patrocinada, usado como evidencia por el Ministerio Público en el proceso judicial.
Según la defensa, la diligencia para extraer información del dispositivo carecería de autorización judicial válida o se habría ejecutado fuera del plazo permitido por la ley.
Zenteno detalló que el 15 de julio de 2021 el Ministerio Público solicitó al Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Zacapa autorización para realizar estas acciones, con un límite de tres días hábiles. Sin embargo, el informe final de extracción de datos tiene fecha del 28 de julio de 2021, lo que, a criterio del abogado, constituye un exceso del tiempo autorizado.
Además, Zenteno advirtió que el análisis del teléfono se basa en un requerimiento fechado el 9 de junio de 2021, anterior al fallecimiento de la víctima, lo que calificó como un aspecto “grave y preocupante”.
#LaRedInforma | La defensa de María Fernanda Bonilla cuestiona la legalidad de la extracción de datos de su teléfono celular, usada como prueba por el Ministerio Público, por presuntas irregularidades en el proceso y posibles presiones. pic.twitter.com/m2KjZBOVvg
— La Red (@Lared1061) January 5, 2026
El defensor también puso en duda la supuesta entrega voluntaria del dispositivo, registrada como prueba número 27 por el Ministerio Público.
De acuerdo con los artículos 183 y 186 del Código Procesal Penal, esta evidencia podría considerarse ilegal, al no cumplir con los requisitos de consentimiento libre, expreso e informado.
El acta ministerial indica, además, que Bonilla habría recibido amenazas y presiones para colaborar con la investigación, situación que, según Zenteno, invalida cualquier presunción de voluntariedad.
El abogado enfatizó que estas irregularidades deben ser analizadas cuidadosamente por la jueza al momento de determinar la admisibilidad de la prueba, señalando dos posibles escenarios de ilegalidad: uno por la falta o vencimiento de la autorización judicial y otro por la presunta entrega del teléfono bajo presión, lo que afectaría las garantías fundamentales de su patrocinada.