Fallo de CC impide que el Presidente invite a la fiscal Consuelo Porras
La Corte de Constitucionalidad (CC) dejó sin efecto parte del acuerdo gubernativo 200-2024, mediante el cual el Ejecutivo creó el Gabinete Específico para la Coordinación del Cumplimiento de las Obligaciones Internacionales del Estado de Guatemala en Materia de Derechos Humanos. La decisión afecta específicamente los apartados que obligaban a la fiscal general, María Consuelo Porras, a participar en reuniones convocadas por la Presidencia.
La acción legal fue promovida por la Fundación Contra el Terrorismo, que argumentó que dicho acuerdo violaba la independencia y soberanía del Ministerio Público (MP). En su fallo, la CC suspendió el último párrafo del artículo 4 del acuerdo, el cual establecía que la fiscal general participaría en las sesiones del gabinete por invitación del presidente.
Fragmento suspendido
El párrafo anulado decía textualmente: «Participará en sus sesiones ordinarias o extraordinarias el Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público, por invitación del Presidente de la República».
Además, quedó sin efecto el segundo párrafo del artículo 7, que daba participación a distintas instituciones, incluyendo sectores académicos, sociedad civil y otros funcionarios, en las sesiones del gabinete. Si bien estos actores no tenían voto, podían hacer recomendaciones en materia de derechos humanos.
La suspensión de estas disposiciones elimina la posibilidad de que actores ciudadanos participen en este espacio, limitando su intervención a sugerencias que ahora no serán consideradas en este ámbito específico.
Otra alternativa
El secretario general de la Presidencia, Juan Gerardo Guerrero, criticó la resolución de la CC, calificando la acción como innecesaria y basada en errores técnicos. Según Guerrero, la Fundación Contra el Terrorismo presentó agravios en lugar de una fundamentación jurídica sólida para sustentar su demanda de inconstitucionalidad.
«No hay motivos para la suspensión. Es preocupante que la CC haya analizado el caso de esta manera», afirmó Guerrero, quien además adelantó que el Ejecutivo buscará alternativas legales para concretar un encuentro con la fiscal general.
«La invitación será bajo otras normas, como el artículo 4 de la Ley Orgánica del MP, que establece que ella no puede negarse a asistir», insistió.
Impacto en derechos humanos
La eliminación de la participación de sectores académicos y de sociedad civil en el gabinete ha generado preocupación entre grupos ciudadanos, quienes veían este espacio como una oportunidad para contribuir a estrategias en defensa y protección de los derechos humanos.
Por el momento, el gabinete continuará sus funciones sin la presencia obligatoria de la fiscal general ni la intervención de estos sectores.
El debate sobre la independencia del MP y la relación con el Ejecutivo continúa generando tensiones en el contexto político guatemalteco, poniendo de manifiesto los desafíos en el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos.