¿Estamos preparados para los delitos digitales? Congreso impulsa la Ley de Ciberseguridad
Este martes, diputados de distintos bloques legislativos presentaron en conferencia de prensa el dictamen favorable, con modificaciones, a la iniciativa 6347 denominada “Ley de Ciberseguridad”, elaborado por la Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional del Congreso de la República.
El proyecto, según explicó el presidente de la comisión, Jorge Mario Villagrán, busca dotar al país de un marco jurídico integral para prevenir, investigar y sancionar delitos cibernéticos, con el objetivo de proteger a la población guatemalteca frente a las amenazas digitales que se han incrementado en los últimos años.
#LaRedInforma | El presidente de la comisión de Seguridad Nacional, Jorge Mario Villagrán, presentó el dictamen favorable a la Ley de Ciberseguridad, que busca blindar la información de los guatemaltecos en el entorno digital. pic.twitter.com/MFzluNB0XG
— La Red (@Lared1061) August 26, 2025
Villagrán señaló que la propuesta incorpora ajustes para garantizar que la normativa no solo refuerce la seguridad, sino que también respete los derechos fundamentales de los ciudadanos en el entorno digital.
“Lo que buscamos es fortalecer la protección de los guatemaltecos en un ámbito en el que los riesgos son cada vez mayores”, afirmó.
La iniciativa plantea lineamientos para coordinar acciones entre las autoridades de seguridad, el Ministerio Público y otras instituciones del Estado en la investigación de delitos informáticos, además de establecer sanciones específicas contra quienes incurran en actividades como fraudes electrónicos, robo de datos, accesos indebidos a sistemas o ataques a infraestructuras críticas.
El dictamen favorable representa un paso más para que la iniciativa 6347 pueda ser conocida por el pleno del Congreso, donde deberá someterse a debate y aprobación en sus distintas lecturas.
Los legisladores que apoyan la propuesta subrayan la necesidad de que Guatemala avance en la regulación de este tema, ante la creciente vulnerabilidad de usuarios, empresas y entidades estatales frente al crimen digital.
