¿Estado sin rumbo? La débil respuesta frente a la usurpación criminal
Durante una reunión reciente entre ACDPRO y autoridades del Ministerio de Gobernación, el sector privado expuso su preocupación ante la poca capacidad de respuesta estatal frente al aumento de las usurpaciones.
Aunque las autoridades aseguran conocer la ubicación de múltiples inmuebles tomados por criminales, Méndez afirma que la intervención se ve frenada por procesos legales extensos, la falta de coordinación institucional y los riesgos operativos.
La situación se agrava cuando la Policía Nacional Civil debe participar en desalojos.
Según Méndez, hay casos documentados donde agentes resultaron heridos e incluso fallecidos, debido al poder de fuego y la organización de los grupos delincuenciales que controlan estas viviendas.
La coordinación entre entidades como el Registro de la Propiedad, la Procuraduría General de la Nación y el Ministerio Público es considerada clave, pero la escasez de recursos y la falta de protocolos estandarizados dejan a muchos casos en el limbo.