¿Es la cultura del narcotráfico una bomba de tiempo para la juventud guatemalteca?
La influencia cultural del narcotráfico representa una amenaza creciente para los jóvenes guatemaltecos, según advierte el experto en seguridad Arkel Benítez.
Durante una reciente entrevista, el especialista señaló que los valores promovidos por esta actividad ilícita están ganando terreno en una sociedad donde muchos jóvenes carecen de oportunidades de desarrollo.
«Contrarrestar la cultura violenta es importante, especialmente aquella que deriva del narcotráfico, en donde la opulencia y la ostentación prácticamente se establecen como patrones de éxito», expresó Benítez, quien anteriormente ocupó un cargo en el Ministerio de Gobernación.
El experto explicó que esta situación es particularmente preocupante en «sociedades donde los jóvenes tienen un nivel aspiracional importante y que no encuentran oportunidades de desarrollo y ven en el crimen la posibilidad de crecer rápidamente de forma económica».
Según Benítez, abordar este fenómeno cultural debe ser parte integral de cualquier estrategia de prevención de la violencia en Guatemala. «El tema cultural es fundamental en el tema de la prevención, porque de lo contrario hace que nuestros jóvenes sean caldo de cultivo, lamentablemente, para ser criminalizados», advirtió.
El especialista señaló que la prevención ha sido un aspecto descuidado en las políticas de seguridad recientes, a pesar de que durante su gestión se crearon estructuras específicas para abordar este tema. «Cuando su servidor pasó por el Ministerio de Gobernación fundamos el Viceministerio de Prevención que todavía existe. Se creó una Política Nacional de Prevención, esa política está vigente, tiene un acuerdo gubernativo, está registrada en el CGPLAN», recordó.
Esta política, según explicó Benítez, estaba diseñada como un enfoque de «intervención diferenciada» que adaptaba las estrategias según las características y necesidades de cada localidad. «A mayor intensidad, gravosidad y criticidad de zonas rojas en departamentos o municipios, la intervención era articulada entre incluso policía y ejército. A menor intensidad, como por ejemplo municipios pacíficos como Salcajá y algunos otros, en donde no se hacía necesaria una presencia tan radical y dura del ala fuerte del Estado o de las fuerzas de seguridad, ahí se establecía todo un sistema de protección social y de política social», detalló.
Este sistema de protección social incluía la participación de diversas instituciones gubernamentales como «el Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Agricultura, Economía, etc.», con el objetivo de ofrecer alternativas de desarrollo a los jóvenes y contrarrestar así la atracción que pueden ejercer las actividades ilícitas.
Benítez lamentó que, a pesar de seguir vigente, esta política «no se aplica» actualmente, lo que ha dejado un vacío en la prevención de la violencia y la delincuencia en el país.
El experto también destacó la importancia de la participación comunitaria en los esfuerzos de prevención. «El mejor aliado siempre de la seguridad ciudadana va a ser el propio ciudadano, que es el interesado en vivir con tranquilidad y vivir en paz. Pero si la policía no abre ese canal de comunicación, es difícil», señaló.
Según Benítez, la influencia del narcotráfico no se limita a las áreas urbanas, sino que ha penetrado en diversos municipios del país. «Hay municipios que prácticamente son dominados por el narcotráfico», advirtió, sugiriendo que esta situación requiere una respuesta integral que combine tanto medidas de seguridad como políticas sociales y culturales.
El especialista subrayó que la falta de coordinación entre las instituciones del Estado ha sido un obstáculo para implementar estrategias efectivas de prevención. «Lamentablemente hay una descoordinación en este momento», afirmó, señalando que cada alcalde actúa «a la libre» en materia de seguridad, lo que dificulta la implementación de políticas coherentes a nivel nacional.
Para Benítez, contrarrestar la cultura del narcotráfico requiere no solo medidas represivas contra las organizaciones criminales, sino también la promoción de valores alternativos y la creación de oportunidades reales de desarrollo para los jóvenes guatemaltecos, especialmente en las áreas más vulnerables del país.