Empleados del Gobierno utilizaron de manera «antojadiza» más de Q506 millones
Los funcionarios y empleados del Gobierno parecen tener pendiente el buen uso de los recursos públicos.
Ya que se ha detectado un presunto mal manejo de Q506 millones 912 mil 848.56, según la auditoría del presupuesto 2022 realizada por la Contraloría General de Cuentas (CGC).
Este informe fue entregado a representantes de la Comisión Permanente del Congreso de la República el pasado 26 de mayo.
El contralor general de Cuentas, Frank Bode Fuentes, presentó el informe, cumpliendo con la obligación de presentar la inspección al presupuesto dentro de los 150 días posteriores al cierre del ejercicio fiscal anterior.
A raíz de la presunta malversación de más de Q506 millones, se presentaron 50 denuncias ante el Ministerio Público (MP), según lo determinado por las autoridades de la Subcontraloría de la Calidad del Gasto.
El informe de la CGC detalla ocho casos que motivaron estas denuncias, los cuales podrían dar lugar a procesos penales por corrupción, dependiendo de las investigaciones a cargo del MP. Estos casos involucran presuntos actos de corrupción en entidades de salud, ministerios, municipalidades e incluso con vínculos con el sector privado, según lo señalado en el informe de la CGC.
Los casos
Uno de los casos destacados se refiere al Hospital Nacional de Chimaltenango, donde se descubrieron 770 compras de equipo médico adquirido directamente, evitando los procesos de fiscalización establecidos por la Ley de Compras y Contrataciones.
Según la auditoría, se compraron 949 equipos médicos, pero no se pudo localizar el 61% de ellos, es decir, 580 unidades. La CGC sostiene que el proveedor no entregó este equipo, pero recibió el pago completo de Q67 millones 737 mil 291.
Otro caso se refiere a Ferrocarriles de Guatemala (Fegua), donde presuntamente se adquirió un préstamo de Q5 millones con una tasa de interés anual del 18% mediante pagarés como títulos de crédito.
Estos pagarés habrían sido desembolsados en diferentes cantidades y se renovaron según su fecha de vencimiento, lo cual se habría utilizado para cubrir gastos corrientes sin disponibilidad presupuestaria.
En el Instituto de Fomento Municipal (INFOM), no se pudo explicar el paradero de una parte importante de su flota de vehículos.
La explicación proporcionada a los auditores fue que los vehículos habían sido robados.
Sin embargo, el INFOM continúa pagando los impuestos de circulación de los vehículos presuntamente robados y no se ha presentado una denuncia formal ante el MP.
En el Ministerio de Agricultura, el informe de la CGC se enfoca en el Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones (VISAR), que presuntamente incumplió con las normas legales.
Al parecer, la entidad no destinó los fondos privativos a las municipalidades de la zona ribereña ni los utilizó para cubrir los gastos administrativos de los programas de investigación.
El monto de la acción penal en este caso asciende a Q13 millones 950 mil 356.68.
Otro caso destacado es el de la Municipalidad de San Francisco, Petén. Según la evaluación realizada, aparentemente la comuna no cuenta con los recursos necesarios para cumplir con las «obligaciones contraídas», lo que llevó a presentar una denuncia para esclarecer qué sucedió con Q1 millón 517 mil 283.70.
También se detectaron posibles irregularidades en la Municipalidad de Samayac, Suchitepéquez, por presunta violación al Código Municipal. Se afirma que el alcalde habría contratado dos préstamos por un total de Q1 millón 900 mil sin la aprobación del Concejo Municipal.
En la Municipalidad de La Libertad, Petén, se presentó una denuncia porque se pagaron Q4 millones 175 mil 595.14 a la empresa Constructora SG sin que esta haya completado los ocho proyectos por los cuales fue contratada, según el informe de la CGC.
El último caso mencionado se refiere a 23 expedientes de proyectos que aparentemente se estaban llevando a cabo en propiedades privadas, lo que llevó a presentar una denuncia para aclarar el destino de al menos Q11 millones 272 mil 33.
La Subcontraloría de Calidad del Gasto también detalla que se impusieron cuatro mil 322 sanciones económicas por un total de Q92 millones 524 mil 522.46 y se formularon 29 cargos por un valor de Q10 millones 876 mil 787.01.
Un aspecto destacado en el informe anual de la CGC es la emisión de 64 mil 567 constancias transitorias de inexistencia de reclamación de cargos, conocidas como finiquitos, que se emitieron exclusivamente en formato electrónico.
Estos documentos son requisitos indispensables para aquellos que han manejado fondos públicos y aspiran a cargos de elección popular el 25 de junio.