El Salvador confirma que más de 78 mil personas han sido detenidas por el plan de Nayib Bukele
El gobierno de El Salvador ha revelado que en los últimos dos años, más de 78 mil personas han sido detenidas en el marco de la «guerra» emprendida por el presidente Nayib Bukele contra las violentas pandillas que operan en el país.
Este anuncio se suma a la incautación de 3 mil 939 armas de fuego y 8.000 vehículos pertenecientes a estos grupos delictivos, según un informe oficial.
El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, afirmó en una entrevista con el canal estatal 10 de televisión que la lucha contra las pandillas continuará sin cesar. Villatoro destacó la importancia de erradicar este problema que ha afectado al país durante más de dos décadas.
Según el gobierno, las pandillas habían establecido fronteras territoriales para sus actividades delictivas, llegando a controlar hasta un 80% del territorio nacional.
Sin embargo, Villatoro señaló que estas fronteras ya no existen y que la población ya no está sometida al pago de extorsiones para poder moverse libremente.
El ministro de Defensa, René Francis Merino, elogió la coordinación entre el ejército y la policía en esta lucha contra las pandillas, afirmando que el «daño colateral» ha sido mínimo y que esto hace que el enfoque de El Salvador sea atractivo para otros países.
Sin embargo, organizaciones humanitarias han expresado preocupación por la detención de personas inocentes bajo el régimen de excepción, que permite arrestos sin orden judicial.
Katya Salazar, de la ONG Fundación Debido Proceso, advirtió que mantener a 78 mil personas en prisión sin juicio es insostenible y podría tener repercusiones legales internacionales en el futuro.
El gobierno atribuye a las pandillas más de 120 mil homicidios en las últimas tres décadas, cifra que supera los 75 mil muertos durante la guerra civil que tuvo lugar entre 1980 y 1992.
A pesar de los esfuerzos del gobierno por combatir este problema, la situación plantea desafíos legales y humanitarios que deben abordarse de manera integral para garantizar el respeto por los derechos humanos y el estado de derecho en El Salvador.