«El presidente nos dio la espalda»: Siero se pronuncia tras veto a Decreto 7-2025
El alcalde de Santa Catarina Pinula y presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), Sebastián Siero, expresó su rechazo a las razones del veto presidencial al Decreto 7-2025, a pesar de reconocer que el presidente Bernardo Arévalo actuó dentro de sus facultades constitucionales.
«Respetamos la decisión presidencial sobre el Decreto 7-2025, que se da en el marco de sus facultades constitucionales; pero rechazamos sus razones, pues contradicen iniciativas de su propio partido y Ministro de Finanzas», afirmó Siero.
El jefe edil destacó que más de 300 alcaldes respaldan a los diputados que aprobaron el decreto con 108 votos y los animan a revertir el veto conforme al artículo 179 de la Constitución, que permite al Congreso insistir en una ley con dos terceras partes de votos. Para él, esta es una oportunidad para defender el desarrollo local frente a lo que considera una decisión centralista.
El dirigente municipal señaló que «el Presidente dio la espalda a los municipios. Esta era su oportunidad para demostrar que combate la corrupción y eliminar el chantaje político para condicionar apoyos y votos en el Congreso con las obras de Consejos de Desarrollo; pero se convirtió en lo que ofreció combatir». Considera que el decreto buscaba precisamente eliminar esas prácticas al permitir la continuidad de proyectos sin depender de decisiones políticas en el Congreso.
Qué dicen los artículos constitucionales mencionados en veto a ley de Codedes
Sierro también cuestionó la coherencia del Ejecutivo, al señalar que si se argumenta inconstitucionalidad por el manejo multianual de fondos, «el presidente se verá obligado también a vetar el presupuesto porque en el artículo 55 también establece que los fondos sean multianuales». Para él, el veto contradice compromisos previos del gobierno con la autonomía municipal.
El Decreto 7-2025 buscaba permitir que los Consejos de Desarrollo (Codedes) pudieran ejecutar obras con fondos no utilizados en 2024, evitando su pérdida. Mientras el gobierno alega vicios de inconstitucionalidad, los alcaldes insisten en que la ley fortalece la transparencia al reducir el poder de negociación del Ejecutivo sobre las obras locales.
Respetamos la decisión presidencial sobre el Decreto 7-2025, que se da en el marco de sus facultades constitucionales; pero rechazamos sus razones, pues contradicen iniciativas de su propio partido y Ministro de Finanzas.
Más de 300 Alcaldes respaldamos a los Diputados que…— Sebastian Siero (@sebastiansiero) October 4, 2025