En conversación con La Red 106.1, Mariano Rayo analizó el contexto político que ha impedido durante casi una década la aprobación de una ley moderna contra el lavado de dinero.
Asegura que diversos intereses —algunos de ellos vinculados a sectores que temen el aumento de controles financieros— han bloqueado los avances legislativos.
“La falta de una legislación adecuada ha permitido que un pequeño grupo de actores contaminados afecte al resto de usuarios del sistema financiero”, explicó.
Según Rayo, esto expone al país a riesgos que podrían evitarse con un marco jurídico sólido.
El asesor insistió en que la presión internacional y la necesidad de cumplir los estándares del GAFI están obligando al Estado guatemalteco a retomar el tema con urgencia.
Una legislación moderna es vital no solo para sancionar mejor los delitos financieros, sino para mantener la estabilidad económica del país y la confianza en su sistema bancario.