Déficit a la baja y gasto social al alza: así se perfila el presupuesto 2026
El ministro de Finanzas, Jonathan Mencos, defendió la propuesta de presupuesto para el ejercicio fiscal 2026, el cual contempla un aumento sustancial en el gasto social y un compromiso con la eficiencia en la ejecución pública.
La iniciativa, que será discutida en el Congreso, busca equilibrar la inversión en sectores prioritarios con un manejo responsable del déficit.
Según Mencos, cerca del 45% del gasto proyectado se destina a programas sociales, en un contexto en el que se prevé un déficit fiscal del 3.3%, cifra menor a la registrada en el año anterior. “Se trata de un presupuesto inclusivo y solidario, que responde al crecimiento económico del país”, aseguró.
No obstante, sectores opositores han cuestionado la capacidad real del Estado para ejecutar los recursos y traducirlos en mejoras palpables en la vida de la población.
El funcionario reconoció que persiste una brecha significativa en la calidad de los servicios públicos debido a años de rezago. Escuelas, hospitales y servicios básicos siguen siendo motivo de inconformidad ciudadana. “No se pueden esperar resultados inmediatos de un solo presupuesto; se requiere continuidad en las políticas públicas y esfuerzos sostenidos”, explicó.
Otro de los retos identificados por el ministro es la planificación multianual de proyectos de gran envergadura. Mencos señaló la necesidad de fortalecer la vinculación entre la ejecución presupuestaria y los resultados esperados, así como de consolidar un banco de proyectos de inversión que permita una programación más eficiente y estable en el tiempo.
La transparencia y la comunicación con la ciudadanía son otros ejes de la propuesta. El titular de Finanzas insistió en que la población debe conocer con claridad cómo se asignan y ejecutan los recursos. “Es fundamental que cada ministerio explique la historia detrás de su presupuesto para que las personas comprendan el impacto de las inversiones”, afirmó.
El proyecto de presupuesto para 2026 se perfila como una oportunidad clave para encaminar la inversión social y mejorar la prestación de servicios, aunque el debate legislativo será decisivo para definir su aprobación y ajustes finales. Mientras tanto, el desafío principal seguirá siendo traducir las cifras en resultados concretos que respondan a las demandas de la población.