Debate en el Congreso por informes sobre “El Lobo” abre la puerta a cuestionamientos y pedido de pena capital

El pasado 24 de septiembre, se debatió la posible destitución del Procurador de los Derechos Humanos, José Alejandro Córdova Herrera, y del relator contra la tortura, Alfred Sánchez.

Esta iniciativa fue impulsada por diputados, en especial por el jefe del bloque UNE, como respuesta a los informes emitidos por estas instituciones acerca de las condiciones carcelarias en las que se encuentra Aldo Dupie Ochoa, conocido como «El Lobo», líder de la pandilla Barrio 18.

Esos documentos fueron clave para que una jueza ordenara el traslado del recluso a un centro penitenciario con menor seguridad, medida que provocó una fuerte controversia política y social.

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Quienes solicitan la destitución sostienen que la Procuraduría y la relatoría actúan en defensa de criminales, dejándolos en primer plano y desprotegiendo a las víctimas de la violencia que diariamente afecta al país, especialmente en un contexto de inseguridad y altos índices de homicidios.

Desde esta perspectiva, se acusa a estos organismos de no abordar adecuadamente la gravedad de la situación y de favorecer la criminalidad.

En contraste, José Alejandro Córdova defendió la labor de su institución, aclarando que los informes elaborados se limitaron a describir las condiciones físicas y precarias de los centros penales, sin recomendar traslados ni otorgar indulgencias.

Explicó que la Procuraduría actúa bajo los mandatos judiciales, y sus recomendaciones apuntan exclusivamente a la mejora de la infraestructura penitenciaria para garantizar los derechos humanos de quienes están privados de libertad.

Aunque no se ha realizado aún la votación para la destitución, el tema será formalizado para su inclusión en la agenda del pleno del Congreso, lo que anticipa un enfrentamiento político de alto impacto.