Curruchiche acusa al presidente Arévalo de «fomentar la impunidad» en caso de corrupción del MICIVI
El Ministerio Público (MP) presentó este 21 de agosto un pedido para el retiro del derecho de antejuicio del presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, por supuestas irregularidades en la aprobación de mecanismos de pago a contratistas del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Micivi).
El fiscal Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), informó sobre el caso durante una conferencia de prensa, señalando al mandatario de fomentar la impunidad.
Curruchiche afirmó que Arévalo habría emitido órdenes fuera del marco de sus atribuciones constitucionales, creando un mecanismo de pago arbitrario que favorecía a empresas contratadas por el Micivi. Según el fiscal, el presidente firmó documentos que autorizaban estos pagos, los cuales calificó como ilícitos.
La acusación se basa en una denuncia presentada el 16 de julio por Ricardo Méndez Ruiz, lo que derivó en una investigación que apunta al involucramiento directo del mandatario.
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La Fiscalía Especial contra la Impunidad solicita el retiro de inmunidad del Presidente de la República de Guatemala, César Bernardo Arévalo de León en el #CasoMecanismoCorrupciónMICIVI, por la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad,… pic.twitter.com/42YZGn5f6w— MP de Guatemala (@MPguatemala) August 21, 2024
Grabaciones y comparaciones con el caso «La Línea»
Curruchiche reveló que el Ministerio Público tiene en su poder un audio donde presuntamente el presidente Arévalo discute sobre gestiones de pagos con la exministra de Comunicaciones, Jazmín de la Vega.
En dicho audio, el mandatario habría dado instrucciones que, según el fiscal, confirmaban su participación en las decisiones que derivaron en el pago a contratistas.
El fiscal comparó este caso con el del expresidente Otto Pérez Molina, recordando las grabaciones telefónicas que fueron fundamentales en el caso «La Línea». Según las autoridades, las similitudes en el uso de audios comprometedores para demostrar presuntas ilegalidades marcan una línea paralela entre ambos procesos.
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Señalamientos a la OEA y diplomáticos
Durante la conferencia, Curruchiche también hizo referencia a supuestos vínculos entre diplomáticos internacionales y la situación investigada. El fiscal mencionó al abogado Gabriel Orellana Rojas, quien estaría relacionado con una empresa que habría sido beneficiada con un pago de Q67 millones 956 mil 574 por parte del gobierno de Arévalo. Este pago, según la FECI, fue a favor de Overseas Engineering & Construction Guatemala.
Además, Curruchiche apuntó hacia un posible interés de la Organización de Estados Americanos (OEA) y su secretario general, Luis Almagro, en visitar Guatemala, sugiriendo una posible vinculación con el caso en curso.