¿Cuál es el verdadero costo educativo que pagarán miles de estudiantes guatemaltecos por la prolongada huelga magisterial?
La crisis educativa en Guatemala ha alcanzado un punto crítico tras 22 días de huelga indefinida convocada por el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG), afectando a más de 300 mil estudiantes del sector público que permanecen sin clases.
Este prolongado conflicto, que surge por demandas sindicales relacionadas principalmente con la homologación salarial y el cumplimiento de pactos colectivos, ha generado preocupación entre diversos sectores de la sociedad guatemalteca por sus implicaciones educativas y sociales.
En entrevista exclusiva para el podcast de RCN Media con Guillermo Velarde, Verónica Spross, representante de Empresarios por la Educación, expresó su inquietud por las consecuencias que esta interrupción educativa está causando en el estudiantado guatemalteco, especialmente considerando el contexto post-pandemia que ya había dejado secuelas significativas en el aprendizaje.
«Es preocupante que haya ceses de clases en escuelas, porque son muy afectados los estudiantes. Recordemos que veníamos de una época de pandemia, donde dejaron de ir a la escuela por lo menos dos años, y esto afectó mucho el aprendizaje de lectura y matemática», señaló Spross, destacando la gravedad de la situación actual que viene a sumarse a un escenario educativo ya deteriorado.
La representante de Empresarios por la Educación fue enfática al mencionar que existen «grandes deficiencias, rezagos» en el sistema educativo guatemalteco, ilustrando la magnitud del problema con un ejemplo concreto: «algunos niños, por ejemplo, de quinto grado están leyendo a nivel de segundo grado».
Esta realidad evidencia un retraso educativo significativo que, lejos de solucionarse, se agrava con cada día de clases perdido.
El impacto de esta huelga trasciende el ámbito puramente académico. Spross identificó problemas de vulnerabilidad social como otra consecuencia directa de la suspensión de clases.
«Hay un problema cuando los niños quedan solos en casa y hay una vulnerabilidad de tipo social, porque la escuela es un espacio seguro, o debe ser un espacio seguro, donde los niños, pues, se sienten en un ambiente cuidado, con también la posibilidad de relacionamiento social», explicó.
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Esta dimensión de la crisis educativa actual revela que las escuelas en Guatemala cumplen funciones que van más allá de la instrucción académica, constituyéndose en espacios de protección y socialización fundamentales para el desarrollo integral de niños y adolescentes.
«Si los niños permanecen en su casa, muchas veces los padres tienen que ir a trabajar y no tienen tampoco quien los cuide», añadió Spross, señalando un problema logístico y de seguridad que enfrentan miles de familias guatemaltecas durante esta huelga.
La suspensión de clases por 22 días consecutivos plantea interrogantes sobre cómo se recuperará este tiempo perdido y si la simple extensión del calendario escolar será suficiente para mitigar los efectos negativos en el aprendizaje.
Aunque las autoridades han sugerido extender el ciclo escolar hasta finales de noviembre para cumplir con los 180 días de clase reglamentarios, queda la duda sobre la efectividad de esta medida compensatoria frente al daño ya causado en la continuidad del proceso educativo.
«Ojalá puedan reponer los días de clase y ampliar su ciclo escolar, terminando hasta finales de noviembre, de modo que puedan cumplir los 180 días de clase. Eso será muy importante», comentó Spross, aunque sin profundizar en estrategias pedagógicas específicas que pudieran implementarse para recuperar no solo el tiempo, sino también los contenidos y competencias no desarrollados durante este período.
La situación actual del sistema educativo guatemalteco, con aproximadamente 5,800 escuelas cerradas según mencionó la entrevistada, representa un desafío sin precedentes para las autoridades educativas, los docentes, los estudiantes y sus familias.
El conflicto, que surge de demandas legítimas del gremio magisterial pero que impacta directamente en el derecho a la educación de miles de niños y jóvenes, evidencia la necesidad de encontrar mecanismos de negociación que permitan conciliar los intereses laborales de los educadores con el imperativo de garantizar la continuidad educativa.
La crisis actual podría profundizar las brechas educativas ya existentes en Guatemala, un país donde los indicadores educativos ya mostraban deficiencias significativas antes de esta huelga.
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El tiempo perdido en instrucción formal, sumado a las carencias previas del sistema, configura un escenario preocupante para el futuro educativo y profesional de toda una generación de estudiantes guatemaltecos.
La prolongación del conflicto, con negociaciones estancadas y posturas aparentemente irreconciliables entre autoridades y dirigentes sindicales, augura que la resolución no será inmediata, lo que incrementa la preocupación por el impacto acumulativo de cada día adicional sin clases.
Mientras tanto, más de 300 mil estudiantes continúan sin recibir educación formal, acumulando un rezago educativo que podría tener consecuencias a largo plazo en su desarrollo académico y profesional.