¿Cuál es el verdadero alcance de la denuncia contra Joviel Acevedo y el STEG?
La querella penal presentada por la diputada Andrea Reyes contra Joviel Acevedo y el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG) tiene un alcance más amplio de lo que inicialmente podría parecer, según explicó la propia legisladora durante una entrevista en La Red 106.1, donde detalló los aspectos legales y estratégicos de su acción judicial.
Cuando el entrevistador le preguntó específicamente si «la denuncia es directamente contra Joviel o es en general ante el acto», Reyes ofreció una respuesta que revela la complejidad de su estrategia legal: «La denuncia empieza contra Joviel Acevedo precisamente por ser el principal agitador de esta situación, contra el STEG porque son los que principalmente están asentados alrededor de la plaza, pero también contra cualquier persona que resulte eventualmente responsable por estos hechos».
Esta formulación amplia busca dar margen a la investigación para identificar a todos los posibles implicados en los presuntos daños al patrimonio cultural y la contaminación ambiental denunciados.
La diputada explicó que esta amplitud se debe a que «no hay una forma actualmente, sin pasar por la investigación criminal, de saber quiénes exactamente estuvieron afuera de la plaza. Y la realidad es que muy probablemente muchos ni siquiera eran maestros».
Esta última observación sugiere que la querella no solo apunta a la dirigencia sindical y a los maestros afiliados al STEG, sino que busca incluir a otros actores que podrían haber participado en los hechos denunciados. «Es sabido que alrededor de la plaza no hay solamente dirigentes sindicales», señaló Reyes, añadiendo que en videos donde se observan agresiones contra la prensa «no se entendía que no eran exactamente maestros los que se encontraban en esa situación».
La estrategia legal de la diputada parece operar en dos niveles simultáneos: por un lado, señala directamente a Joviel Acevedo como «el principal agitador» y potencial autor intelectual de los hechos; por otro, busca establecer responsabilidades individuales para quienes ejecutaron directamente los actos que causaron daños al patrimonio cultural.
«El Ministerio Público tiene que deducir responsabilidades, tiene que hacer una investigación profunda para poder dilucidar responsabilidad penal directa sobre las personas que rompieron ventanales, que rompieron la estructura del palacio, que contaminaron alrededor», explicó Reyes, sugiriendo que el Palacio Nacional debe contar con «metrajes enteros de circuitos cerrados» que podrían ayudar a identificar a los responsables.
La legisladora enfatizó que la denuncia busca establecer no solo la posible «autoría intelectual que puede tener Joviel Acevedo en todo esto», sino también «la responsabilidad compartida con las personas que estuvieron en ese momento ahí». Este enfoque dual, que apunta tanto a líderes como a ejecutores directos, podría permitir una investigación más exhaustiva.
En cuanto a los delitos denunciados, la querella incluye tanto daños al patrimonio cultural como contaminación ambiental. Respecto a este último, Reyes fue enfática: «El delito de contaminación, ahí está», aunque no detalló qué elementos probatorios específicos sustentan esta acusación más allá del informe municipal sobre la recolección de ocho toneladas de basura.
La denuncia abarca no solo los posibles daños al Palacio Nacional, sino también a otras estructuras consideradas patrimonio cultural ubicadas en la Plaza Central, como la Fuente de Luz. «Aún no sabemos muy bien en qué estado se encuentra, pues todavía está sentado ahí el sindicato», señaló la diputada, indicando que ha solicitado inspecciones tanto al Ministerio de Cultura y Deportes como a la Municipalidad de Guatemala para evaluar el estado actual de estos monumentos.
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Un aspecto interesante de la estrategia legal de Reyes es la solicitud de que su denuncia sea acumulada con la previamente presentada por el Ministerio de Cultura y Deportes. «Me imagino que lo que procederá en este caso sería que el Ministerio Público acumule las denuncias», señaló al inicio de la entrevista. Esta acumulación podría fortalecer la investigación al integrar tanto los elementos aportados por la institución oficial encargada del patrimonio cultural como los «elementos nuevos» que la diputada afirma estar aportando.
La querella se produce en un contexto de creciente tensión entre el gobierno y el magisterio nacional, y se suma a otras acciones legales que enfrenta el STEG y su dirigencia. Algunos críticos podrían interpretar esta acción como parte de una estrategia más amplia para debilitar al sindicato magisterial, mientras que sus defensores la verían como un esfuerzo legítimo por proteger el patrimonio cultural y establecer responsabilidades por los daños ocasionados durante las protestas.
El caso plantea interrogantes jurídicas importantes sobre la atribución de responsabilidad penal en el contexto de manifestaciones colectivas, y su resolución podría sentar precedentes significativos sobre los límites entre el derecho a la protesta y la protección del patrimonio cultural, así como sobre la responsabilidad de los líderes de movimientos sociales por los actos que ocurran durante manifestaciones convocadas por ellos.
La diputada Reyes no mencionó durante la entrevista si esta acción legal forma parte de una estrategia más amplia del oficialismo para abordar los conflictos con el magisterio, aunque reconoció, cuando fue consultada específicamente sobre ello, que se requieren reformas estructurales como la de la Ley de Servicio Civil para abordar las causas de fondo de estos conflictos recurrentes.
El Ministerio Público deberá ahora evaluar la querella presentada por la diputada y determinar si procede su acumulación con la denuncia previa del Ministerio de Cultura y Deportes, para luego avanzar en la investigación que permita establecer las responsabilidades específicas por los hechos denunciados.