Cristian Álvarez: “El Gobierno no va a la velocidad de los guatemaltecos”
El diputado Cristian Álvarez realizó una evaluación crítica del trabajo del Ejecutivo durante el año. “El Ejecutivo pareciera que no va a la velocidad que van los guatemaltecos”, afirmó, al comparar el esfuerzo diario de la población con lo que considera una gestión lenta y desconectada de las necesidades reales del país.
Álvarez señaló que mientras los ciudadanos buscan mejorar su calidad de vida, el gobierno avanza con lentitud. “Todo es lento o más lento”, expresó, al indicar que no se perciben resultados claros ni avances visibles en áreas clave como transparencia, reducción del gasto público y eficiencia administrativa.
El legislador fue especialmente crítico con el tema de infraestructura vial. “Es la última vergüenza de las carreteras”, dijo, al advertir que el mal estado de las rutas afecta directamente la economía, el comercio y la movilidad de miles de guatemaltecos en todo el territorio nacional.
Desde su rol como presidente de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, Álvarez destacó el trabajo de fiscalización al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Afirmó que han detectado irregularidades graves, entre ellas “un robo enorme” vinculado al uso indebido de amparos.
Explicó que estos amparos han distorsionado el sistema de salud. “Estamos sustituyendo a un doctor por un abogado y un juez”, señaló, al indicar que las decisiones médicas han sido reemplazadas por resoluciones judiciales que encarecen y desfinancian la compra de medicamentos.
Álvarez informó que desde la comisión se impulsa una ley de compras específica para medicamentos. Indicó que esta iniciativa busca ordenar los procesos, evitar abusos y proteger los recursos del sistema de previsión social a largo plazo.
Finalmente, afirmó que el mayor reto del país es ampliar la cobertura del sistema. Señaló que Guatemala apenas alcanza alrededor del 20 por ciento de cobertura, y sostuvo que avanzar hacia la universalidad es clave para fortalecer la salud, las pensiones y la confianza ciudadana en el Estado.